La Diputación de Castelló, titular de la planta de Sant Mateu, donde se concentraron más de 600 personas en una fiesta ilegal durante más de tres días, instalará medidas de vigilancia para evitar que se puedan volver a producir casos similares. Y las implantará en sus cuatro instalaciones existentes en la provincia que permanecen cerradas desde hace años.
Técnicos de la institución provincial se desplazaron ayer hasta la infraestructura para conocer el estado en que quedó tras la rave, determinar si existen afecciones en el interior del recinto y evaluar los daños ocasionados.
