La operación policial que puso Divalterra patas arriba en 2018 instaló un clima de incertidumbre para los más de medio millar de trabajadores de la empresa pública que comienza a clarificarse un año y medio después. El consejo de administración de la firma ha decidido iniciar el proceso de transformación de la sociedad en una Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) que asumirá también las competencias del Patronato de Turismo.
Con la nueva fórmula jurídica escogida para la gestión, la corporación provincial pretende atar en corto Divalterra y reforzar sus controles internos bajo una naturaleza más instrumental. Se trata del tercer giro que experimenta la antigua Imelsa en cuatro años. En 2016, el nuevo gobierno progresista cambió su denominación tras el escándalo político que acabó con la carrera política de Alfonso Rus.
El «cierre ordenado» anunciado en septiembre de 2018 por el actual presidente de la diputación, Toni Gaspar, abrió la puerta a dos escenarios que han sido analizados en profundidad por los servicios jurídicos. Encima de la mesa había dos alternativas: convertir Divalterra en un organismo autónomo dependiente de la corporación y regido por el derecho público o reformularla como una entidad pública empresarial. La decisión se ha ido postergado a lo largo de los meses y, con bastante retraso respecto a lo esperado, la balanza se ha decantado finalmente por esta última opción, a medio camino entre la caracterización pública de los organismos autónomos y la caracterización privada de las sociedades mercantiles.
Un ejemplo de EPEL es el Palacio de Congresos, ligado al Ayuntamiento de València. Se trata de entidades con personalidad jurídica pública cuyo personal se somete al derecho laboral, aunque la selección de los empleados se efectúa por convocatoria pública. También están sujetas a las directrices y controles de la administración, aunque se rigen por el derecho privado. Los organismos autónomos, en cambio, lo hacen por el derecho administrativo.
Fusión con el Patronato de Turismo
El máximo responsable de Divalterra, Ramiro Rivera, garantizó ayer al comité de empresa tanto la continuidad del servicio de brigadas como el mantenimiento de los derechos de los trabajadores, que conservarán su participación en el consejo de administración, en plena negociación del convenio colectivo y de las mejoras de las condiciones laborales y salariales.
El objeto social de la EPEL recogerá las actividades que hasta ahora desplegaba Divalterra por encomienda de la diputación, como la gestión de las brigadas forestales o la encuesta de infraestructuras locales, además de competencias en materia de turismo en manos del Patronato. Hasta ahora, la empresa abonaba las nóminas del citado organismo autónomo, una cuestión controvertida en la que Fiscalía vio una posible cesión ilegal de trabajadores. La intención es agrupar ambos entes en una única entidad pública empresarial, en la línea de simplificar la estructura provincial.
