Ni es delito, ni atenta contra la Constitución, ni se intenta acabar con el castellano. La Audiencia de València no ha puesto ningún impedimento para que los 200 colegios (el 15 % del total) de la Comunitat Valencia que han implantado programas experimentales en aulas de educación Infantil desarrollen sus planes lingüísticos para que su alumnado domine diversas lenguas desde edades tempranas.
Los proyectos se están desarrollando en valenciano o inglés, pues ningún centro educativo ha solicitado dar todas las horas en castellano pese a que también está contemplado.
Los juzgados y la Fiscalía rechazan la vía penal y han archivado todas las querellas que se han presentado contra estas aulas experimentales. El uso del valenciano en aulas infantiles de hasta cinco años ha embarrado el debate político en el último año e incluso Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos, alertó en precampaña que Educación orillaba el castellano en la educación infantil.
Una de esas querellas la presentó el abogado José Gozálbez contra un responsable de la Conselleria en la anterior legislatura antes de convertirse en el candidato de Vox a la Alcaldía de València. Lo hizo en nombre del partido, ni siquiera se llegaron a practicar diligencias y la Audiencia ratificó el archivo. Una de las magistradas que apoyó la decisión fue Esther Rojo, en la actualidad presidenta de la Audiencia de València. Estos son los motivos por los que educar solo en valenciano hasta los cinco años no es delito, según los tribunales.
La querella de Vox
El partido de Santiago Abascal acusó a altos cargos de la Conselleria de Educación de prevaricar por regular y promover el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano.
En la querella trasladaba que se había editado una guía para la elaboración de proyectos lingüísticos. En los 200 colegios que se sumaron a esta iniciativa experimental el reparto del tiempo suele ser del 90 % en valenciano y el 10 % en inglés, aunque este último porcentaje varía en función de la capacitación del profesorado. El retraso de la incorporación del castellano a la etapa obligatoria de Primaria ya había sido autorizado por el Consell del PP en más de 300 centros.
Vox alertó al juzgado que no se impartía «ninguna asignatura troncal en español durante la educación primaria» y el « 0 % de tiempo en español o castellano dentro del primer ciclo de educación infantil». La extrema derecha valenciana aseguró «que la aprobación de estos planes constituye resolución arbitraria, injusta e ilegal y sin cobertura ni explicación posible alguna»; además de lesionar «gravemente el artículo 3 de la Constitución», según consta en las actuaciones judiciales, a la que ha tenido Levante-EMV.
Los centros que Vox puso en conocimiento del juzgado son el Joan XXIII, de Catarroja; CEIP Ausiàs March, de Paiporta; CEIP Jaume I, de Paiporta; CEIP Manuel González Martí, de València; CEIP Mare Nostrum, de València: o CEIP Enric Valor, de Alicante.
El juzgado de Instrucción 17 de València, con el visto bueno del ministerio fiscal, archivó las diligencias al no detectar ninguna irregularidad, pero Vox recurrió y forzó un nuevo pronunciamiento, esta vez de la Audiencia.
El criterio de la sala
Vox acusó a la Fiscalía de «grave error» que arrastró al juez al archivo, pues cree que en el «primer ciclo de educación infantil se ha de respetar, como mínimo, un 25 % en lengua española o castellano de los minutos semanales».
La Fiscalía mantuvo su criterio. Volvió a pedir el archivo porque lo que dice la ley es que la previsión «se extiende al conjunto de la escolaridad y no curso por curso, y con la superación del 25 % de castellano en los cursos de primaria se compensaría la ausencia de formación en castellano en los cursos de infantil».
Al margen de que la educación infantil no es obligatoria y son los padres lo que eligen cómo introducen a sus hijos en el sistema educativo, el tribunal reconoce que la ley «deja margen de maniobra al ejecutivo para priorizar desde muy escasa edad una inmersión más radical mediante la retirada de la lengua castellana en la educación infantil».
Esa posibilidad hace que estos métodos experimentales en la educación de 2 o 3 a 5 años «no represente un incumplimiento de la norma administrativa». Respecto a la acusación de adoctrinamiento, la sala recordó que «el acierto o no de la redacción de la ley, y la intencionalidad que pueda haber subyacido en la elaboración del texto y de los proyectos no son materia para integrar el delito de prevaricación». «No se observa un choque abierto en la opción por la supresión del castellano en la educación infantil», afirma la resolución, que ya es firme.
