El sistema normativo de España dificulta la persecución de los proxenetas y penaliza a las víctimas. Es la principal conclusión de la mesa de juristas con las intervenciones de la fiscal Rosa Guiralt y la jueza Lara Esteve. «Con la ley en la mano es muy difícil cerrar un prostíbulo», indicaron. No obstante, Luis Jimena, catedrático de Derecho Constitucional dio una salida: la normativa europea avala que la prostitución es una vulneración de los derechos humanos, una baza jurídica para perseguir el negocio.
