17 de febrero de 2020
17.02.2020
Levante-emv
Caso Erial

La ley puso en silencio el teléfono rojo de Zaplana

La UCO y el fiscal renunciaron a pinchar el móvil del expresidente para evitar que un chivatazo dinamitara la investigación - La norma obligaba a avisar a la operadora, que asume el gasto, al contrario que en Gran Bretaña - Era cliente y ejecutivo de Movistar

17.02.2020 | 04:15
El exjefe del Consell, Eduardo Zaplana, fotografiado en el «Ubi bene» en aguas baleares en el verano de 2004.

«Necesito liquidez. A mí Ignacio no me está dando (...) dinero de Andorra». «Pero, joder (...) estoy... ¡Que no hay forma! Sin riesgo, eh, sin riesgo». Así se dirigía Eduardo Zaplana a su confeso testaferro uruguayo Fernando Belhot, el 18 de abril de 2018 durante su encuentro en la Sala Wellington Club del hotel del mismo nombre en Madrid. Se citaron por el problema de liquidez del ex presidente, al que le urgía repatriar dinero de la cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), en la que dormía dinero de las comisiones del Plan Eólico y las ITV.

El administrador fiduciario del «patrimonio oculto» zaplanista explicaba que podría facilitar efectivo en billetes de 500. Mejor si eran de 50, aclaraba el expresidente.

Aquella conversación de 32 minutos grabada por agentes de la UCO presentaba bastantes momentos ininteligibles. Pero fue suficientemente reveladora como para concluir que ya es uno de los pasajes épicos de la fonoteca zaplanista. La grabación del Wellington es a Zaplana lo que el disco «Noche de cuatro lunas» a Julio Iglesias. Éxitos que llegan en carreras ya muy consagradas pero que triunfan por su fidelidad al estilo del artista. Pésima calidad de audio, pero incalculable valor histórico.

Con todo, el sonido era excelso si se considera el método utilizado para registrar la conversación: un sistema de micrófonos multidireccionales de máxima sensibilidad, de los que permiten captar el sonido ambiente, aunque la calidad del audio es limitada. De montar el operativo se encargó la UCO, nada más tener noticias de que se iba a celebrar la reunión entre los dos hombres de negocios (cliente y testaferro) en el salón vip del hotel.

La investigación del caso Erial estuvo marcada desde el principio por un secretismo vivido como una obsesión por parte de la escasa media docena de personas conocedoras de las pesquisas. Entre ellas, agentes de la Guardia Civil, la jueza Isabel Rodríguez, y el fiscal Pablo Ponce.

No lo han tenido fácil ni han ahorrado en precauciones. Ni en la recuperación del dinero de las mordidas, objetivo principal que movió especialmente al fiscal anticorrupción, ni a la hora de garantizar el celo de la investigación. La personalidad de Zaplana, con terminales en todas las estaciones de poder, recomendaba sellar toda grieta para prevenir chivatazos que pudieran dinamitar la investigación.

La cautela llevó, por ejemplo, a decidir que el teléfono privado del ex presidente, el número que empezaba por 609, no sería intervenido, pese a que su titular era la pieza más codiciada, el cabecilla de la trama. Para pinchar un teléfono en España hay que contar con autorización judicial y luego comunicarlo a la operadora para que dé acceso a la línea. Zaplana era cliente de Movistar. Un cliente muy especial: el delegado de Telefónica para Europa entre 2008 y 2012 y, desde entonces, alto directivo en el área de Asuntos Públicos. Una condición, la de abonado y ejecutivo de lujo, que era más que suficiente como para sospechar que la latencia del chivatazo (lo que la compañía habría tardado en informar a Zaplana de que le habían pinchado el teléfono) habría sido menor que el 5G. Así que el número del exministro quedó fuera de las escuchas Erial.

Evitar un «sonoro» premio

La decisión de la UCO y del fiscal Anticorrupción de poner el móvil de Zaplana en modo avión para la causa, casi por imperativo legal, les privó de acceder al contenido de las conversaciones clave del caso: las que mantuvo el expresidente con su testaferro uruguayo. Era un severo contratiempo para los investigadores, dado que, además, cliente y asesor no se cruzaban palabra escrita para no dejar rastro.

A Belhot sí se le grabaron conversaciones con el también testaferro zaplanista Joaquín Barceló «Pachano», cuyo móvil fue intervenido. Al igual que los de Francisco Grau o de la secretaria personal del ex presidente, Mitsouko Henríquez. Gracias a estas y otras líneas pinchadas pudieron grabarse diálogos de Zaplana con sus colaboradores.

La investigación se complicaba, pero se privaba a Zaplana de lograr un premio con banda sonora. Como en aquel 1991 en que un ataque de procesalismo garantista del Tribunal Supremo anuló las cintas del caso Naseiro.

El requisito de que la operadora haya de dar acceso a la línea no es necesario en países como Gran Bretaña. Porque allí es el Estado el que asume el coste de esas escuchas, mientras que en España lo sufragan las compañías. Por eso han de ser avisadas. Ese resquicio abona las posibilidades de que haya fuga de información altamente sensible, de que prenda una mecha que puede incluso dinamitar procesos contra la corrupción. Es lo que tiene el Estado español, que intenta ahorrar en folios lo que gasta en caviar.

Al margen del espía Sitel

El smartphone del ex jefe del Consell quedó a salvo del Sistema integrado de interceptación telefónica (SITEL), un software que permite monitorizar las escuchas telefónicas a través de dos centrales, de la Policía y la Guardia Civil. Fue adquirido por 10 millones de euros e implantado por el Gobierno de José María Aznar, con Mariano Rajoy de ministro del Interior. Se trata de un mecanismo capaz de transmitir conversaciones telefónicas en tiempo real, o leer mensajes de texto y correos electrónicos, o después de que se produzca la llamada. Siempre que se cuente con autorización judicial.

Tener el teléfono rojo de Zaplana en modo avión cortaba, efectivamente, el acceso policial y fiscal al principal cauce de comunicación con Belhot. Porque el expresidente es de los que siempre vigila de reojo a su sombra. Cualquiera que lo acompañara habitualmente sabe de su obsesión por limpiar las mesas de papeles y romper apuntes de reuniones. Cierto. Sí. Es verdad. El caso Erial arranca con los papeles olvidados por Zaplana en la vivienda que vendió. Nada menos que la hoja de ruta que guió a la UCO por el desfalco en las ITV y el Plan Eólico. Pero, ¿cuántos guiones de atracos fueron debidamente triturados? Nadie es perfecto. 

La decisión de renunciar a que el móvil se chivara evitó, de paso, algún escándalo político y unos cuantos sobresaltos. Porque las escuchas telefónicas son como esas cenas familiares de Nochebuena, un pozo sin fondo, una historia con final incierto. Como la vez que pincharon el teléfono del abogado Rafael Palop en la investigación de un delito de narcotráfico y salieron los cameos de su hermano, el concejal del PP Voro Palop, en conversaciones naseiras con Zaplana.

La de «followers» sorprendentes del ex presidente que habrían sido sacados del armario de haberle pinchado el smartphone. La de empresarios y políticos a los que la UCO habría coloreado la cara por sus flirteos a oscuras con Eduardo.

«¿Han pinchado el teléfono de Zaplana?», consultó un cargo público de izquierdas. «No, el de Zaplana no». Y en ese justo instante, el mensaje que le llegó desde los aledaños del Juzgado de Instrucción 8, el que instruye la causa Erial, se convirtió en un trankimazin para varios personajes públicos, que desde ese día ya pudieron empezar a conciliar el sueño.

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