El funcionario Jorge Cuerda Mas, que fue secretario letrado asesor de Divalterra, ha declarado hoy como investigado (antes imputado) en el denominado "caso Alquería", y ha avalado ante el juez la legalidad de las contrataciones en torno a las que gira la investigación, especialmente las que se produjeron en 2018.
El titular del Juzgado de instrucción número 9 de València investiga la contratación supuestamente irregular de nueve personas en cargos de alta dirección de Divalterra, empresa pública dependiente de la Diputación de València. Todos los contratados estaban vinculados al PSPV y Compromís.
Cuerda ha explicado que es funcionario de la diputación (actualmente actúa como secretario del Ayuntamiento de Finestrat) y ha añadido que como tal actuaba de secretario del consejo de administración de Divalterra, con la obligación de velar por que los acuerdos.
Él fue el autor, en febrero de 2018, de los informes jurídicos que permitieron aprobar la contratación de dos de los nueve altos cargos implicados. Cuerda ha avalado hoy la legalidad de esas dos contrataciones que él revisó en su día.
Sobre las que se produjeron en 2015, ha explicado que él no ejercía todavía las funciones de secretario del consejo, pero que sí las examinó cuando comenzó a detentar la citada responsabilidad, y la única pega que les vio fue que no habían pasado por el consejo de administración antes de ser aprobadas.
En el sumario están imputados, además de Jorge Rodríguez, expresidente de la diputación, los directivos cuyas contrataciones se investigan y otras seis personas. Se trata de quienes ocuparon el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); y de dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart, además del hoy declarante, Jorge Cuerda.
