La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y Transición Ecológica ha dado un paso más dentro del largo camino de aprobar los planes de prevención de incendios de los parques naturales de la C. Valenciana. Un trámite atragantado para todos los gobiernos autonómicos y que pese a la promesa de la primera legislatura botánica de actualizarlos, seguía sin resolución.
Ahora, el Consell ha aprobado las revisiones de los planes de prevención de incendios forestales de los parques naturales del Desert de les Palmes, de la Serra d'Irta y de la Marjal de Pego-Oliva. El objetivo, señalan en la conselleria, es integrar estas zonas protegidas «de manera más eficiente» con el resto de la planificación autonómica en prevención de incendios.
Según explica la conselleria que dirige Mireia Mollà, durante el proceso de revisión se ha realizado un análisis del grado de cumplimiento alcanzado de los planes aprobados, así como una fase de consultas a diferentes agentes implicados en la gestión de los parques. El director general de Prevención de Incendios, Diego Marín, destacó el trabajo «de detalle», así como la participación de numerosos colectivos a los que se ha consultado para generar un mayor grado de consenso.
La directriz básica seguida en las revisiones de los planes ha sido la adaptación de los planes a la realidad actual, así como a las infraestructuras de prevención de incendios previstas en los planes de las demarcaciones de Vall d'Alba, Sant Mateu, Polinyà del Xúquer y Altea.
Diego Marín puso énfasis en que el trabajo más importante se ha desarrollado en encontrar la «compatibilidad» entre la protección contra incendios y la conservación y preservación de los valores ambientales de los parques naturales. La revisión de los tres planes se ha sometido al procedimiento de Estimación de Impacto Ambiental Simplificada, habiendo obtenido los correspondientes Informes Ambientales y Territoriales Estratégicos Favorables.
En detalle, las revisiones de los planes están estructuradas en cuatro bloques. Un primero de análisis y diagnóstico, que incluye información detallada de los incendios ocurridos en el ámbito del espacio natural durante los últimos diez años, análisis comparativo con el análisis histórico de incendios del plan que se revisa y diagnóstico de la situación actual.
Un segundo bloque sobre la prevención de las causas de incendios, con medidas normativas, de conciliación, de difusión, de actualización de la zonificación del riesgo de incendio y de vigilancia necesaria de la zona.
En tercer lugar, se contemplan actuaciones para la prevención de la propagación, que comprende la elaboración de un estudio de puntos estratégicos para la prevención de incendios, la ejecución de las infraestructuras previstas en el plan de prevención de incendios de la demarcación correspondiente, la mejora de áreas de uso público y el fomento de actividades agropecuarias.
Por último, incluye una memoria económico-financiera elaborada para el largo plazo, con un horizonte de diez años. La conselleria señaló en un comunicado que «en aras de la transparencia», todos los documentos que componen las revisiones de los planes, elaborados exclusivamente en formato digital, serán accesibles a través de la página web de la Conselleria de Agricultura.
Los planes de uso, obsoletos
Como informó este diario, a la carencia de planes de prevención de incendios actualizados se suma que ocho parques naturales de la C. Valenciana siguen sin Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Los catorce restantes tienen una normativa obsoleta que en la mayoría de los casos se remonta a la década de los años noventa.
De los tres parques naturales que ahora ven revisados sus planes de prevención de incendios, la Marjal de Pego-Oliva carece de un PRUG, que recoge la zonificación del parque, las normas de conservación, el uso público y la investigación de estos ecosistemas, como recoge el Ministerio de Transición Ecológica. La falta de actualización de estos planes fundamentales para los parques naturales se achacó al «abandono» del PP durante sus mandatos. La conselleria que entonces dirigía Elena Cebrián culpó a la falta de personal.
