La Comunitat Valenciana fue la autonomía con más trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) durante 2019, con un total de 26.031 personas afectadas, lo que supone cerca de un 51 % más que el año anterior. La mayoría lo fue por suspensión de contrato, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Y en 2020, con toda seguridad, la autonomía registrará una cifra muy superior a la citada por la crisis del temible coronavirus.
El episodio del Covid-19, que podría tener un impacto económico similar a la del ejercicio 2008 según organismos internacionales como el Banco Central Europeo (BCE), está dejando desde esta semana en el ámbito empresarial de la Comunitat Valenciana un goteo continuo de consultas en la Conselleria de Economía y en despachos de abogados y asesores laborales para acometer próximas regulaciones de empleo. Los negocios del ámbito de los servicios más afectados por la caída de demanda y el parón del consumo son hoteles, agencias de viajes, restaurantes y del ámbito del deporte como los gimnasios. También los relacionados con las firmas auxiliar desde la educación por el cese de actividad docente (transporte escolar, catering, actividades extraescolares y de tiempo libre), que han quedado suspendidas de cara a las próximas fiestas de Semana Santa y Pascua, sufrirán importantes recortes de personal.
«El 50 % de las consultas atendidas desde esta semana en el despacho son para acometer ERE temporales, despidos colectivos o individuales en compañías vinculadas con los sectores inicialmente más afectados por el coronavirus», explican desde la mercantil valenciana Molina Asesores Jurídicos Laborales. Estas mismas fuentes destacan que la preparación de estos procedimientos administrativos se producen «tanto entres pymes y autónomos como en grandes empresas».
Debido a la difícil situación económica, los bufetes de abogados sostienen que los contratos de obra y servicio «se están desplomando» así como los eventuales por circustancias de la producción. De hecho, muchos hoteles de la ciudad de València han dejado bajo mínimos sus plantillas y algunos han cesado su actividad, explican desde Molina Asesores Jurídicos Laborales.
También la administración pública relacionada con el ámbito laboral está notando de lleno estas jornadas los efectos del coronavirus. Así las cosas, funcionarios de las direcciones territoriales de Trabajo de València, Alicante y Castelló, dependiente de la Conselleria de Economía, también se están viendo desbordados por la consultas de empresas y profesionales del sector, aseguran fuentes sindicales.
Las empresas que tienen previsto solicitar expedientes de regulación de empleo preparan la documentación necesaria para entregar a la autoridad laboral y evitar posibles abusos de derechos que tumben la autorización del ERE por parte de la Inspección de Trabajo, que citará en los próximos días a multitud de comités de empresa de la Comunitat Valenciana.
Los informes de los ERE llegan a la Seguridad Social y a la Sociedad Estatal Pública de Empleo (Sepe), si bien las empresas no necesitan autorización de la administración pública tal como ratificaron las últimas reformas laborales realizadas en España.
Decreto-ley de protección
Desde el despacho Varona Asesores, más allá de los expedientes de regulación de empleo por causas económicas y circunstancias de la producción, recuerdan la «consideración excepcional» como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores como consecuencia del virus Covid-19. Así lo reconoce el Real Decreto-ley 6/2020 por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
Comienzo de tramitaciones
Los contratos eventuales y los de obra y servicio serán los más afectados por los planes de ajustes de las empresas durante los próximos días, según reconocen fuentes de la patronal autonómica valenciana CEV y garantizan que serán negociados con los sindicatos. La tramitación de los ERE se abre con períodos de consulta con los representantes de los trabajadores y se prolongan durante quince días.
Tanto los sindicatos como los despachos de abogados sostienen que la Conselleria de Economía deberá reforzar el personal de los servicios territoriales de Empleo, así como las secciones de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Smac) de la Comunitat Valenciana. Será así ante la avalancha de ajustes que preparan las empresas.
