El mazazo que supone para la economía una circunstancia tan excepcional como esta parada casi total de la producción, apenas comparable a un conflicto bélico (aunque aquí ni siquiera hay una retaguardia), se ve con claridad en las cifras del paro. El pasado lunes la autoridad laboral de la C. Valenciana comenzó a recibir el papeleo de miles de empresas que se ven obligadas a acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor para resistir al hundimiento de la actividad. En apenas cinco días, hasta el pasado viernes, la Conselleria de Economía contabiliza 7.673 expedientes de empresas, afectando en total a 59.248 trabajadores.

La deriva de la situación es sobrecogedora, solo digerible por la esperanza de que este colapso sea lo más breve posible y no comprometa la sostenibilidad del sistema de prestaciones. El Estado está facilitando esta vía, bonificando además buena parte de las cotizaciones a la Seguridad Social que deben costear los empresarios.

El viernes la cifra de afectados por ERTE prácticamente se duplicó, pasando de 38.000 a más de 59.000. En esta primera semana, así las cosas, los primeros ERTE ya han engrosado en un 16,17% la lista de parados en la C. Valenciana, que al cierre de febrero estaba formada por 366.262 personas.

Los próximos días seguirá el tsunami. Empresas como Ford aún no han presentado la documentación, tras la negociación que han querido mantener con los sindicatos estos días. Serán unos 7.000 despidos temporales más. Tras Ford llegará el potente sector auxiliar de la automoción. Fuentes empresariales también temen un impacto muy importante en otro clúster valenciano: el azulejero. Ayer, de momento, el gigante Porcelanosa anunció la parada de producción en su planta de Vila-real a partir del próximo 27 de marzo, una decisión que arrastrará también a sus proveedores de forma inevitable. De momento, se trata de una parada técnica prevista que se adelanta. No se habla de ERTE por ahora. Tanto esta como otras compañías del sector podrían buscar alternativas de este tipo para tratar de evitar (o al menos aplazar) el impacto sobre el empleo.