La aplicación de los llamados permisos retribuidos recuperables no entra por ahora dentro de los planes de la Diputación de València. La diputada de Personal, Pilar Molina, se inclina de momento por hacer «tabula rasa» para que «nadie tenga que recuperar nada», aunque la decisión definitiva se ha aplazado hasta que se levante el estado de alarma y se calibre la magnitud de las necesidades existentes. La corporación provincial ha diseñado un decreto donde se determinan los servicios mínimos esenciales que deben continuar prestándose para ajustarse al endurecimiento de las restricciones del Gobierno. Según la diputada, cerca de un 95 % de los 1.600 empleados en plantilla están en casa, o teletrabajando o a la espera de ser requeridos.

La diputación ha encomendado a los jefes de servicio el control y la organización del modo en que el personal a su cargo está desempeñando (o no) sus tareas. Dado el amplio abanico de servicios prestados y de casuísticas existentes, Molina admite la «complejidad» de establecer un criterio único para evitar «un agravio comparativo» entre quienes han de seguir trabajando y quienes «están en casa porque no tienen más remedio». «Estamos viendo cómo lo solucionamos, pero seguramente lo haremos confiando en el buen criterio de la gente», apunta la diputada, que fija el objetivo de que «nadie sufra una merma económica y no haya diferencia salarial entre personas en la misma situación». «Si hay algún caso que se pueda recuperar (con días) se recuperará y si no seguramente ni nos lo planteamos», apostilla Molina.

Negociación a posteriori

La decisión sobre cómo se articula la posible devolución de horas para el personal que no trabaja al 100 % se abordará tras el regreso a la normalidad, en el marco de la Mesa de Negociación con los sindicatos, en función de cada categoría y de lo que se prolongue la situación extraordinaria. Tanto en UGT como en CC OO se muestran flexibles y partidarios de regular a posteriori esa recuperación de jornadas, aunque limitan el número de casos. Ordenanzas, subalternos o chóferes son algunos de los puestos afectados por las últimas limitaciones. Fuentes sindicales abren la puerta a que se compensen días de vacaciones o de libre disposición, alargando incluso el calendario a 2021. Aunque la diputación ha suprimido la atención presencial, servicios como Intervención, secretaría o la gestión tributaria funcionan a destajo para garantizar pagos y obligaciones pendientes, asegurando el oxígeno a las empresas. También están activos los servicios sociosanitarios, de limpieza o vigilancia de carreteras. En cambio, los 700 brigadistas de Divalterra están en casa y solo son requeridos en caso de urgencia.