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Residencias. El protagonismo de las olvidadas

En la Comunitat Valenciana faltan entre 7.000 y 15.000 plazas para mayores. La crisis de la covid-19 ha puesto el modelo residencial en el punto de mira y Levante-EMV analiza con las familias, las empresas del sector y la Administración cuál debería ser el modelo tras la pandemia.

Una trabajadora y un usuario en la residencia Ballesol de Valterna. AERTE

La crisis sanitaria de la covid-19 ha puesto el punto de mira en las residencias de mayores, que copan portadas, informaciones, opiniones, programas y debates que critican el modelo actual y ponen en tela de juicio su futuro ante una pandemia que ha tambaleado los cimientos de una sociedad longeva y envejecida. Desde el sector se revuelven ante la «sensación» de que en las residencias «el coronavirus ha hecho estragos por estar en manos privadas y eso es falso. El 70 % de los centros de la Comunitat Valencian no tiene casos confirmados y no distingue entre público y privado». Sin embargo, con covid-19 o sin él, la Comunitat Valenciana precisa de unas120 nuevas residencias. O lo que es lo mismo, entre 7.000 y 15.000 nuevas plazas residenciales.

Ahora bien, tras la crisis del coronavirus, ¿hay que replantear el modelo residencial?, ¿se debe pasar a unidades de convivencia?, ¿deben las residencias medicalizarse?, ¿la reversión al sistema público es una quimera?, ¿es la empresa privada una colaboradora en la gestión de los mayores o el enemigo a batir?, ¿habría cambiado en algo la crisis sanitaria actual de haber operado otro sistema? Las preguntas se acumulan. Levante-EMV entrevista a familias, empresarios (tanto a los que tienen residencias privadas como a los que gestionan las públicas) y a la propia Administración (a quien puso en marcha el sistema en los años 80 y a la actual) para analizar cuál debe ser el modelo residencial en la Comunitat Valenciana tras la crisis sanitaria o cómo y quién debe construir y gestionar tanto las nuevas plazas como las actuales.

Antonio Torres ocupaba en la década de los 80 y con el gobierno de Joan Lerma la dirección del Instituto Valenciano de Servicios Sociales. Fue el encargado de poner en marcha el modelo público que perdura hasta la actualidad. El sistema arrancó en 1986 con la transferencia de cinco residencias: una en Burriana (sin abrir), la de Carlet en València y tres en Alicante. «Con eso empezamos y se pactó con los sindicatos un plan gerontológico. Durante toda la etapa se construyeron 31 residencias de la tercera edad para cubrir todas las comarcas con el objetivo de llegar a las 3,5 plazas por cada 100 habitantes», explica Torres. Nunca se ha llegado a esta cifra. Ni entonces ni ahora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5 plazas por cada cien mayores de 65 años. La media de España es de 4,3. En la Comunitat Valenciana, hay en la actualidad 2,9.

La llegada del PP supuso un freno a la creación de plazas residenciales públicas para dar el pistoletazo de salida al modelo Blasco-Cotino, que consistió (en el año 2000) en la puesta en marcha de un plan de 9.000 nuevas plazas con la construcción de residencias por parte de empresas constructoras que vieron en la geriatría un negocio redondo que, además, la Administración de entonces hizo a su medida. «Las constructoras levantaban los centros y los gestionaban 15 años, prorrogables a 25. Nosotros criticamos la entrada de las constructoras en la gestión porque pensamos que el negocio no puede primar sobre la estabilidad de los mayores, pero eso se soluciona con una buena inspección. No es malo que exista convivencia con el concierto de plazas en entidades privadas, pero bajo una estricta inspección», añade Torres. Los pliegos se realizaron tan «a medida» que el grupo Savia (donde participaba la familia Cotino) llegó a controlar el 40 % de las residencias. Las «otras» empresas privadas (las que hoy conforman el sector) se revolvieron y denunciaron las irregularidades, aunque ahora lamentan que, desde entonces, la iniciativa privada en residencias sea tratada como «el enemigo a batir» cuando «somos quienes mantenemos el sistema, y de calidad, que conste».

Cuando Mónica Oltra estaba en la oposición defendió (y defiende) la reversión del sistema a lo público. Pero una cosa es lo dicho y otra, lo hecho. « No son solo las residencias. Son también los centros ocupacionales, los servicios a la diversidad funcional... Todo esta en manos del sector privado y se publicitó la reversión a lo público... pero no ha sido así», explica Sandra Casas, la abogada de la Coordinadora de plataformas en defensa de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. Casas, como representante de las familias, invita a un cambio de modelo. Las empresas también invitan al cambio, aunque todos, familias y patronal rechazan la medicalización de los centros, ya que las personas mayores «ya forman parte del sistema de salud» y las residencias «deben ser espacios de convivencia, no hospitales. Tal vez precisemos de recursos intermedios».

El debate se centra entonces en el tamaño de los centros. Las familias defienden las unidades de convivencia, «viviendas colaborativas para un grupo de usuarios autónomos, que puedan gestionar los recursos mediante una cooperativa de mayores, en centros mucho más pequeños que permitan el envejecimiento activo y que se encuentren integrados en las ciudades y no en zonales alejadas del casco urbano, con recursos sanitarios acorde a sus necesidades y compartidos». Desde el sector empresarial advierten que este tipo de modelo «incrementa los costes y al final los usuarios deberían pagar mucho más por una plaza de estas características», aunque reconocen que es un modelo «que funciona en otros países» aunque creen que, en la cultura mediterránea, «a una persona mayor no la sacas de su casa a no ser que tenga necesidad de cuidados». Sin embargo, avalan un cambio de modelo que camine en ese sentido, aunque con la creación «de residencias con un máximo de 120 usuarios (como marca la normativa desde 2005) pero con unas alas construidas al margen para albergar este tipo de unidades de convivencia, que sí nos parecen positivas pero no pueden ser la base íntegra del modelo».

La colaboración público-privada parece obligada. «Las empresas ven en la geriatría un negocio, pero no para enriquecerse rápido, sino para tener estabilidad. Siempre habrá mayores, pero ser una empresa privada no significa mermar el servicio.Lo que necesitamos es flexibilidad en los pliegos para adaptar los recursos a las necesidades», explica el presidente de Aerte, Jose María Toro. Fuentes del sector que gestiona las residencias públicas realizan la misma reflexión.

La Conselleria de Igualdad asegura que el objetivo es conseguir un modelo residencial «lo más parecido a un hogar» donde no «se llenen residencias» sino que se «apueste por la calidad» e incluya mejoras en los nuevos contratos. Sin embargo, todas las partes consultadas replican a la conselleria la ausencia de nuevos centros en estos 5 años.

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