El Consell insistió ayer en su discurso crítico con la decisión del Gobierno de España de mantener a la mayor parte de la Comunitat Valenciana en la fase cero de la desescalada. Pero lo hizo midiendo bien cada palabra y sin usar un lenguaje tan combativo que pudiera tener alguna repercusión en un momento tan crítico como el de la desescalada.

El Consell insiste en la exigencia al Gobierno de una mayor transparencia sobre los criterios empleados para vetar el acceso de 14 de los 24 departamentos de salud valencianos a la fase 1 de la desescalada, lo que deja al 70 por ciento de la población sin posibilidad de optar a una mayor libertad de movimientos o a reactivar su actividad comercial.

El enfado en el ejecutivo valenciano es importante y el discurso no ha cambiado desde el viernes por la noche, cuando se conoció la decisión del Ministerio de Sanidad, un mazazo porque sectores económicos muy importantes se habían preparado para abrir sus puertas este lunes después de que el Consell diera por hecho en numerosas ocasiones que toda la Comunitat Valenciana lograría pasar de fase, lo que supone en la práctica que el Gobierno ha puesto el trabajo de la Generalitat a los pies de los caballos, en un momento en que incluso la oposición aceptaba que la gestión del ejecutivo valenciano estaba siendo mejor que la del Gobierno de Sánchez.

En privado, el malestar de miembros del Consell no decae y se apunta a una posible decisión política desde Madrid para que una autonomía con presidencia socialista acompañara en la prolongación del confinamiento a dos importantes del PP, como Madrid y Andalucia (donde se quedan fuera Málaga y Granada) y que también alude a una decisión política en su contra por parte del Gobierno de Sánchez.

El disgusto valenciano es aún mayor porque se deja pasar a una autonomía como el País Vasco que tiene peores datos que la valenciana justo cuando la supervivencia política del Ejecutivo depende en buena medida del PNV, lo que podría haber facilitado cierto trato de favor a los nacionalistas vascos que tienen en puertas sus elecciones autonómicas.

Ronda televisiva

Tanto el presidente del Consell, Ximo Puig, como la vicepresidenta, Mónica Oltra, participaron ayer en numerosas entrevistas en emisoras de radio y televisión estatales para mostrar su lamento e irritación por lo ocurrido. Pero ambos evitaron un choque frontal con el Gobierno conscientes de que no conviene en estos momentos enfrentarse al Ejecutivo (de PSOE y Podemos), que lleva el mando en el proceso y de cuyo oxigeno financiero depende la Generalitat, que ha apelado en numerosas ocasiones a una excelente sintonía con el actual Gobierno. Pero aún así, el enfado era visible. Puig aseguró que la Comunitat Valenciana no había sido tratada con la misma justicia que el resto y Oltra sostuvo que no puede ser que los valencianos queden relegados en el reparto del fondo de 16.000 millones porque el impacto del covid no ha sido tan grande como en otras autonomías mientras queda entre las relegadas en el cambio de fase.

Puig insistió en que el Gobierno no ha dado explicaciones por escrito y exigió una respuesta y aclaraciones desde Madrid ya que, insistió, la Comunitat ha presentado en tiempo y forma los requisitos que el Ministerio de Sanidad ha exigido. Puig admitió que estaba «dolido» por la falta de criterios o de transparencia a la hora de establecer los parámetros para pasar de fase, pero insistió varias veces en que no quería un enfrentamiento con el Gobierno de Sánchez porque la situación es muy compleja.

Volvió a lamentar que se hayan cambiado las reglas de juego a mitad de partido incorporando otras exigencias cuando la Generalitat ya había entregado la documentación ya que se han valorado los test realizados a sospechosos de contagios por covid cuando este no era uno de los requisitos que el Gobierno solicitó en un principio.

La Comunitat Valenciana presentó el informe el 6 de mayo basándose en las peticiones que el Gobierno había planteado. Según el Consell era una de las mejores documentaciones entregadas por las autonomías e incluso se incorporaron datos que no habían sido solicitados como los test a posibles casos leves de covid, lo que después usaría el Gobierno en la valoración y provocó la indignación del Consell que defiende que ha realizado la prueba a uno de cada tres posibles casos y tiene capacidad para realizar los que sean necesarios en los centros valencianos de atención primaria.

Las críticas al Gobierno llegaron también desde las comunidades de Madrid y Andalucía, ambas gobernadas por el PP y Ciudadanos con apoyo externo de Vox. El número dos del PP, Teodoro García Egea, acusó a Pedro Sánchez de discriminar en función de los territorios y de no actuar con criterios objetivos y recordó que también el gobierno valenciano se había quejado de esa misma falta de criterios objetivos.

«Arreglo» con el País Vasco

Incluso la candidata a lehendakari de Podemos en las próximas elecciones vascas, Miren Gorrotxategi, señaló ayer que ha habido «un arreglo» para que el País Vasco pase a la fase 1 de desescalada porque «no está en condiciones».

A las exigencias de mayor transparencia al Gobierno por parte de la Comunitat Valenciana respondió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, que dijo desconocer cuándo se producirá la publicación de los informes sobre los que ha sustentado la decisión de que 14 de los 24 departamentos valencianos hayan quedado fuera de la fase 1 de la desescalada. El Consell insiste en que el Gobierno tiene que darle una explicación por escrito.

Simón dijo que él se responsabiliza de esos informes como director pero que la decisión final la toma el ministro, Salvador Illa, apuntando a una decisión superior ya del ámbito político. «Entiendo que serán en algún momento públicos y que habrá alguna legislación para este tipo de cosas, pero no les puedo decir ninguna fecha», añadió el experto.

Preguntado por la situación del País Vasco, Simón señaló que estaba perfectamente habilitado para aplicar en el conjunto de su territorio las medidas de relajación del estado de alarma que contempla la fase 1. Sin embargo, según el Consell el País Vasco tiene tres veces más incidencia del virus que la Comunitat Valenciana, donde con menos afectación se han realizado más de 8.000 pruebas más de PCR que en el territorio vasco. Pero según Simón, el País Vasco tiene una situación epidemiológica favorecedora, con unos niveles de transmisión «realmente muy bajos».

Con todo, el Consell confía en que la Comunitat pueda pasar a la fase 1 la próxima semana, pues cree que todo el territorio ya cumplía la semana pasada todos los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad, y los epidemiólogos valencianos hicieron un informe serio y riguroso que avalaba ese paso, añadió ayer.

«Lo único que pido es que el Gobierno de España diga claramente cuáles son los indicadores para pasar de fase, pero en esta y en todas las fases», manifestó el presidente Puig, que añade que la situación es «muy cambiante y muy difícil de manejar».

Añadió que siempre ha defendido la unidad de acción frente a la pandemia y que el ministerio sea el que lidere este asunto, pero también cree que debe haber equidad, transparencia y sobre todo, que los ciudadanos puedan entender por qué se pasa de una fase a otra y en qué condiciones.

Admitió no haber hablado personalmente con Pedro Sánchez en estos días (se reunió el domingo la conferencia de presidentes), pero considera que esto no es una cuestión que afecte directamente al presidente del Gobierno sino al ministro de Sanidad y a los técnicos. Sobre si existía una motivación política en la decisión aseguró que las decisiones sobre el paso de fase se han tomado de manera honesta pero no las comparte y quiere que se expliquen. «No veo ninguna intencionalidad política»

La CEV se suma a la reclamación

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) exigió ayer mayor transparencia y certidumbre y que se tomen todas las medidas necesarias para cumplir los criterios que permitan a toda la Comunidad pasar ya a la fase I.

La CEV echa en falta criterios claros y mayor transparencia en el proceso de desescalada. La falta de rigor y certidumbre y las discrepancias entre el gobierno central y el autonómico castigan una vez más a empresas, autónomos y ciudadanos, señalaron. La CEV exige mayor certidumbre y que se tomen todas las medidas necesarias para cumplir los criterios que permitan pasar ya a la fase 1.

Mientras durante el fin de semana han llegado dos aviones más con material desde China.

Barceló ve positivo el encuentro con el ministro

La Conselleria de Sanidad calificó anoche de positiva la reunión del consejo interterritorial de Sanidad en la que la responsable, Ana Barceló, tenía previsto reclamar al ministro, Salvador Illa, que se revisara la decisión después de que el viernes criticara la decisión del Gobierno de dejar a la mayor parte de la Comunitat Valenciana fuera de la fase 1. Al cierre de esta edición no se conocían más detalles del encuentro en una jornada en la que los dirigentes valencianos habían pedido más transparencia al Gobierno central.