No se sabe con datos si la actual crisis del coronavirus ha aumentado el nivel de la economía sumergida en la Comunitat Valenciana y en España. Los que dicen que sí argumentan que las altas cifras de desempleo abocan a muchos parados a la economía irregular para obtener ingresos y mantener a sus familias. Los que aseguran que no ha aumentado esgrimen que las restricciones por el confinamiento y la paralización productiva han impedido su repunte. No obstante, los sindicatos ya han advertido de que, si no se frena la escalada del paro derivada de la crisis económica que está causando la emergencia sanitaria, el empleo irregular ganará peso en los próximos tiempos. Y una impresión similar deben tener los empresarios, dado que ayer esta cuestión fue una de las analizadas en la reunión telemática que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mantuvo con el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la CEV, Salvador Navarro. En ese contexto, fue en el que se puso de manifiesto la necesaria «colaboración de los agentes sociales y del Gobierno para acabar con la economía sumergida ante la crisis generada por la pandemia», pero la patronal también presionó al Consell para que controle el empleo irregular, poniendo en marcha ya, sin ir más lejos, el Observatorio del Trabajo Decente.

De entrada, en la reunión se habló de la merma que producen estas prácticas en el actual contexto de la crisis del covid-19. No obstante, en el encuentro no se profundizó en las iniciativas que podrían llevarse a cabo para conseguir el objetivo de reducir o acabar con la economía irregular, que a nivel nacional se situaría en el 23%, según estiman los empresarios, quienes también incidieron en que, si se actuase en profundidad para combatirla, podría suponer la «recuperación» de unos 23.000 millones a nivel estatal.

No obstante, en clave autonómica, desde la CEV sí se planteó la urgente necesidad de que se active el Observatorio del Trabajo Decente, presentado a finales de enero, pero que no ha celebrado reunión alguna. Este instrumento se creó para combatir la economía sumergida, la feminización de la pobreza y la precariedad . La patronal autonómica incidió en que este es un buen momento para ponerlo a funcionar.

Tanto la CEOE como la CEV observaron que es necesario aflorar la economía opaca no sólo por la competencia desleal que supone para otras empresas que pagan impuestos, sino porque también aumentaría los ingresos del Estado en una época en la que se están adoptando medidas de apoyo a familias y sectores «necesarias, pero para las que se van a necesitar fondos», advirtieron desde la CEV.

Los empresarios, una y otra vez, se están mostrando contrarios al aumento de la presión fiscal en la actual situación generada por el covid-19. Y en la reunión pusieron sobre la mesa que una vía para que el Estado aumente sus ingresos puede venir del afloramiento de la economía sumergida.

En este encuentro por videoconferencia mantenido con Garamendi y Navarro, el jefe del Consell, Ximo Puig, se hizo un detallado análisis de la situación económica actual. Así, otra cuestión en la que coincidieron fue en expresar su «preocupación» por las elevadas cifras de paro juvenil. Con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro de los jóvenes hasta 24 años se sitúa en el 29,4% en la provincia. A nivel nacional, la cifra se eleva hasta el 32,29%, por ello abogaron por impulsar políticas activas para fomentar la inserción laboral de los jóvenes, que son, según destacó Puig, «los grandes perjudicados de esta crisis», además de reforzar la Formación Profesional para conectarla con el tejido productivo.

El acuerdo también fue total en la apuesta por la reindustrialización y por potenciar el turismo o la industria automovilística.