La Plataforma por la Lengua ha presentado este miércoles el InformeCAT 2020, la compilación de los 50 datos más relevantes sobre la lengua valenciana conocidos recientemente, con los que la entidad quiere concienciar sobre la situación de la lengua y la necesidad de «mejorar el estatus legal, con el convencimiento que el valenciano tiene que ser la lengua común y el eje vertebrador de la diversidad social y cultural».
Según Òscar Escuder, presidente de la Plataforma por la Lengua, "el InformeCAT 2020 muestra datos preocupantes" y esto saca a la luz "una vez más, la emergencia lingüística que tenemos delante". Una de las preocupaciones es el bajo uso social de la lengua en las grandes ciudades.
En el área metropolitana de València, habla valenciano habitualmente uno de cada tres habitantes, el 34,8 % (similar a Barcelona y su área metropolitana, 35 %), porcentaje que cae más de la mitad, a menos del 15 % si tenemos en cuenta solo la ciudad, lo que contrasta con los datos de Palma del 41,3 %.
Según el barómetro de marzo, en València ciudad hablan habitualmente más castellano que valenciano el 30,5 % de los ciudadanos y se comunica solo en valenciano el 5,3 % de la población.
En contraste con la ciudad de València, un dato positivo son las comarcas centrales (el área de Alcoi-Gandia), que es uno de los territorios del dominio lingüístico con una proporción más elevada de la población que habla habitualmente valenciano.
El 71,6% de los habitantes de esta zona usa el valenciano con los amigos tanto o más que en castellano, una cifra que a grandes rasgos se puede considerar que coincide con la de uso habitual.
En concreto, el 37,6 % de los habitantes de la región de Alcoi-Gandia dice que habla siempre en valenciano con los amigos, el 10,3 % que lo hace generalmente, el 4,5 % lo usa más que en castellano y el 19,2 % indistintamente.
Más allá del uso social, también generan alarma para la plataforma las políticas públicas de promoción y defensa de la lengua o, en muchos casos, la ausencia de estas políticas. "Estos datos exigen que la sociedad civil y las instituciones trabajemos a fondo y de manera urgente. Hace falta que todo el mundo tenga claro que hay que poner la lengua en el centro para impulsar políticas de fomento y de los derechos de los hablantes si queremos que nuestra lengua continúe teniendo vitalidad, o esto acabará en desastre", ha expresado Escuder.
"El Estado atenta contra la lengua y su unidad"
Escuder se muestra preocupado por la falta de unidad y de coordinación de las políticas lingüísticas entre la Comunitat Valenciana, Cataluña y las islas Baleares y por la «realidad discriminatoria que practica el gobierno español», que pide que sea «corregida».
"El gobierno español no solo no hace bastante para promover y proteger nuestra lengua, sino que atenta contra ella, contra nuestros derechos lingüísticos y contra la unidad de nuestra lengua", ha expresado Escuder, en referencia a la sentencia por la que el gobierno valenciano no podrá fijar el uso del valenciano como lengua de comunicación con ciudadanos y administraciones de Cataluña y las Islas Baleares.
La fuerza económica del valenciano
Por otro lado, desde la entidad apuntan que hay que tener presente la «fuerza» económica del valenciano. Su presencia genera 2.065 millones de euros -el 2,1 % del producto interior bruto- y 56.367 puestos de trabajo -sobre el 3 % de la ocupación total del territorio, según un estudio de la Generalitat Valenciana, en especial en los sectores de laenseñanza, traducción y asesoramiento lingüístico, la cultura y los medios de comunicación, y las administraciones públicas.
Declaración institucional
Escola Valenciana pide una "declaración de València" que renueve la voluntad de cooperación de los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Catalunya y Baleares en materia de lengua y cultura, tras la sentencia del Tribunal Supremo.
Escola rechaza en la resolución judicial por 'negar la unidad de la lengua', por lo que apoya el recurso al Tribunal Constitucional (TC) anunciado por el gobierno valenciano y pide que "Presidencia de la Generalitat Valenciana se pronuncie sobre esta sentencia".
Para la federación de asociaciones por la lengua, el Supremo "ignora todos los criterios lingüísticos y científicos", por lo que exige una nueva "declaración de València" al hilo de la 'Declaración de Palma' que los gobiernos valenciano, catalán y balear sellaron en febrero de 2017 para renovar los compromisos de colaboraciónadquiridos en materia de lengua y cultura.
Esta nueva declaración tendría que servir a su juicio para evaluar y hacer seguimiento a la de hace tres años. Espera contar con la presencia de "como mínimo" las tres direcciones generales de política lingüística de los tres gobiernos autonómicos.
"Aunque el Estado español es uno de los firmantes de la 'Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias', esta sentencia del Supremo contraviene uno de los principios de la carta: atenta contra el mantenimiento y desarrollo de las relaciones entre territorios con lengua compartida", alerta la entidad.
