Eduardo Zaplana ultima su nueva estrategia judicial y se prepara para rearmar su defensa después de que el juzgado de València que le investiga por presuntos delitos de corrupción haya rechazado su recurso para trasladar el caso a Madrid y que lo asuma la Audiencia Nacional.
El primer paso que ha dado el abogado del expresident de la Generalitat es recurrir esta decisión y elevar la presión en los juzgados para apartar a la magistrada del caso. Considera que los hechos que se investigan no tuvieron lugar en el partido judicial de València y que la jueza Isabel Rodríguez perdió la competencia del asunto en el momento en el que inició las diligencias en diversos paraísos fiscales. La Fiscalía Anticorrupción volverá a oponerse y la Audiencia de València tendrá la última palabra.
El escrito que ha presentado el abogado del exministro de Trabajo del PP relata en 74 puntos los motivos por los que a su juicio el caso debe seguir en Madrid. Zaplana sigue negando todos los hechos por los que fue detenido e ingresado en prisión provisional en mayo de 2018, pero toma como referencia todas las diligencias practicadas hasta ahora para acreditar ante la Audiencia de València que la jueza no debe seguir dirigiendo la investigación.
Según consta en el recurso, al que ha tenido acceso Levante-EMV, cree que «la afirmación de que la trama delictiva se diseñó o ideó en Valencia carece de cualquier apoyo probatorio o meramente indiciario».
La defensa del expresident se pregunta «por qué se ha de presumir que la maquinación delictiva se desarrolló en València y no en Alicante, Madrid, Villarreal, Benidorm, Luxemburgo o Montevideo». «Es imposible -salvo que se disponga de información no contenida en la causa- saber dónde se urdió la supuesta trama, dónde se planificó supuestamente el designio criminal y, desde luego, nada de ello se aparece en las presentes diligencias previas», subraya el escrito.
En este sentido, insiste en que «no resulta admisible que como elementos de conexión territorial con la localidad de València se alegue que determinadas compañías tengan su sede en Castelló, Xirivella o Alicante, porque en su caso, si realmente fuera relevante el domicilio social de una compañía para determinar la competencia», tal referencia serviría «para sostener la competencia» es de otros partidos judiciales.
El recurso recuerda que «es del dominio público que la Audiencia Nacional se ha declarado competente para la instrucción y ulterior enjuiciamiento de numerosos procedimientos relativos a la corrupción sobre la base de que el delito de blanqueo de capitales asociado a los mismos se había perpetrado básicamente fuera de España». Y cita casos como Gürtel, Púnica, Lezo o Pujol.
Además, insiste en que «el delito de pertenencia a organización criminal tampoco aparece definido en ningún escrito judicial o fiscal» y que «no existe prueba» de los supuestos sobornos que habría pagado la familia de Juan Cotino, exdirigente del PP fallecido en el mes de abril a causa del coronavirus.
Pero no es el único movimiento en los juzgados que prepara el exjefe del Consell. Según apuntaron a fuentes de su defensa, los abogados que defienden a Zaplana estudian presentar una batería de diligencias antes de que la magistrada cierre la instrucción. Entre la petición de nuevas pruebas que se están valorando destaca el interrogatorio del abogado uruguayo y su presunto testaferro Fernando Belhot.
Zaplana ha desmentido el testimonio de Belhot y ha denunciado el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción para pasar de imputado a testigo.Belhot colaboró con la Justicia y liberó el dinero que supuestamente almacenaba en Suiza.
