«No nos va a temblar la mano para cerrar prostíbulos». Así de contundente se manifestó ayer la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, al ser preguntada por el hecho de que ni los locales de alterne con licencia de alojamiento ni los bingos han sido incluidos en el último decreto anticovid que suspende la actividad del ocio nocturno para controlar el repunte de rebrotes y que entró en vigor el pasado martes.
«En cualquier momento se puede suspender su actividad tras estudiar los riesgos epidemiológicos por ser centro de posibles brotes», afirmó. Ese mismo día, Diario Información publicó la existencia de un brote de coronavirus en un prostíbulo de la localidad alicantina de Cox. Según manifestó Barceló, este aún no ha sido comunicado por parte de Salud Pública, aunque añadió que «en el momento en que sea comunicado tomaremos todas las medidas». Además, recordó que «no existe regulación sobre los prostíbulos, desarrollan sus actividades como bares de copas, en cuyo caso no pueden abrir, del resto estudiaremos los riesgos que conllevan». Pese a ello, muchos de estos establecimientos están registrados bajo una tipología diversa que les permite, en gran medida, esquivar la normativa estatal recién adoptada, que se prolongará hasta el próximo 8 de septiembre. Se trata de la alegalidad que numerosos expertos y asociaciones denuncian, pues dificulta no solo la identificación y actuación en estos espacios, sino el seguimiento efectivo de la cadena de contagio debido al estigma social y la confidencialidad inherente.
Es, precisamente, la regulación específica sobre la prostitución la demanda que diversos actores sociales y jurídicos reivindican desde hace tiempo y uno de los últimos proyectos emprendidos por el Gobierno, paralizado tras la expansión del coronavirus y la situación de emergencia sanitaria. Como ha defendido en múltiples ocasiones Irene Montero, titular de la cartera de Igualdad del Ejecutivo, el objetivo de la nueva ley se centra en la unificación de la legislación existente sobre esta materia.
De este modo, el acuerdo „no exento de polémica„ alcanzado entre Unidas Podemos y el PSOE fija su actuación en la trata de personas con fines de explotación sexual al considerarla «una de las formas más crueles en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres». No obstante, asociaciones como el Front Abolicionista reclaman que la nueva norma también contemple la causa, consumo y distribución de la prostitución.
