La última propuesta del Gobierno para dar liquidez a los ayuntamientos abriría la puerta a la movilización de alrededor de 330 millones en el ámbito local de la Comunitat Valenciana. El nuevo planteamiento avanzado ayer por la ministra de Hacienda elimina la parte más polémica del decreto inicial tumbado hace cinco días en el Congreso -la cesión al Estado de los remanentes municipales- a tiempo que suspende temporalmente la aplicación de la regla de gasto y mantiene otros compromisos que ofrecerían un mayor grado de flexibilidad a los consistorios valencianos para disponer de una parte de los 525 millones del superávit de 2019 bloqueados por la Ley Montoro. Aunque no exenta de matices, el anuncio ha conciliado una respuesta positiva entre los partidos que propiciaron el rechazo parlamentario de la semana pasada. En la órbita de Compromís dieron ayer la bienvenida a la «rectificación» de Hacienda, pero tanto el diputado Joan Baldoví como el alcalde de València, Joan Ribó -dos de los más combativos con el decreto- la siguen considerando insuficiente y reclaman negociar el desbloqueo de los remanentes y la recuperación del fondo de 5.000 millones inicialmente anunciado por el Gobierno. Fuentes municipales recalcan que el gasto del superávit sigue estando supeditado a las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que continúan limitando considerablemente su uso. Tampoco se modifica por ahora otro elemento restrictivo de la Ley Montoro como es el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Otra de las demandas de los alcaldes para que el nuevo decreto sea eficaz es que la suspensión de la regla de gasto se extienda a 2021, cuando se prevén las mayores complicaciones para las finanzas municipales por la crisis sanitaria. Montero abre la puerta a esta medida. Desde el PP también saludaron la última propuesta, pero el presidente provincial del partido, Vicent Mompó, censuró la «improvisación» del Gobierno y pidió una «ruta clara» urgente para que los alcaldes puedan planificar las cuentas de 2021. Mompó también emplaza a que se lleguen a acuerdos sobre la controversia de los remanentes. «Estamos hablando del futuro de los municipios», remarca. El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro (PSPV), señaló que suspensión de la regla de gasto es «una de las mejores noticias» que se les puede dar a los ayuntamientos, puesto que les libera de elaborar planes de ajuste para recortar servicios o subir impuestos si rebasan esa barrera. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también aplaudió un anuncio que, a su juicio, permitirá que los consistorios «puedan colaborar activamente en la recuperación económica y social». El presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, aseguró que las medidas planteadas son «imprescindibles» y «un buen ejemplo de por dónde tienen que ir las decisiones del Gobierno con los municipios», mediante «comprensión, diálogo y acuerdos». Sin embargo, el regidor de Hacienda del Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán (PSPV), hizo hincapié en que la nueva propuesta supondrá la movilización de 113 millones menos para este consistorio respecto al decreto tumbado en el Congreso, porque no incluye los 5.000 millones que inicialmente anunció el Gobierno de recursos propios. Por su parte, Ribó exigió ayer que Hacienda incorpore las ayudas a las empresas municipales de transporte para este 2020.
