La Comunitat Valenciana registró el pasado año 496 denuncias por ocupación ilegal de viviendas frente a las 566 del semestre de 2020, lo que supone «un 14 % más en solo seis meses». El 60 % de estos allanamientos ilegales se producen en la provincia de València.
La comarca de la Ribera es de las más afectadas. Los datos los facilitaba ayer la presidenta del PP, Isabel Bonig junto a la portavoz popular en el Ayuntamiento de València en dos comparecencias de prensa, por separado, para anunciar la ofensiva del PP contra esta situación.
Bonig anunció que su partido presentará mociones en los ayuntamientos para evitar la ocupación ilegal de viviendas en la que propuesto que «el dinero de todos los nombramientos de altos cargos, asesores y comisionados se dedique a rehabilitar las 840 viviendas del parque público que están vacías para destinarlas a familias vulnerables que las necesitan. Eso es política para las personas y lo demás demagogia», señala en un comunicado.
Por su parte, la portavoz popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, y el senador Fernando de Rosa recordaron tras reunirse con el Fiscal Jefe de la Provincia de València, José Ortiz, la proposición de ley que han presentado en el Congreso de los Diputados «contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios» en la que piden que la usurpación (ocupación de una vivienda que no es morada habitual) se condene con penas de 1 a 3 años (ahora se condena de 1 a 2 años si se ejecuta con violencia y multa de 3 a 6 meses si se hace sin intimidación).
De Rosa también solicita que las comunidades de propietarios tengan personalidad jurídica para poder impulsar actuaciones contra los enganches ilegales a la luz o el agua y que genera un problema a la comunidad. Català también criticó que el Ayuntamiento de València tenga «207 viviendas sociales vacías».
Catalá y De Rosa valoraron la instrucción de la Fiscalía Provincial de València, adelantada el sábado por Levante-EMV, en la que destacó De Rosa -magistrado en excedencia- que «clarificar actuaciones desde el punto de vista judicial entre el allanamiento de morada (ocupación de la vivienda habitual o segunda vivienda) y la usurpación (viviendas no habituales». El senador defiende que «la Fiscalía coordine medidas cuando se detecte un problema social en una ocupación».
