Las disoluciones matrimoniales en abril, mayo y junio en la Comunitat Valenciana se redujeron casi un 40 % este año con respecto al mismo periodo del año 2019. Pese a lo llamativo del dato, el desplome estadístico no responde ni a una ralentización del ritmo de los divorcios y las separaciones ni a un cambio en las relaciones conyugales atribuible a los efectos del confinamiento, sino a que no se están resolviendo los procedimientos judiciales por el atasco en el que se ha sumido la Justicia con motivo de la crisis del coronavirus.
«Desde 2013 estamos en las mismas cifras. Ahora se tramitan pero no se resuelven», aclara José Soriano, abogado y secretario de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, acerca de las razones de esta caída en las cifras.
Soriano destaca que su carga de trabajo en esta materia es muy similar —asegura tramitar casi al nivel de los años de cambios legislativos, cuando siempre crecen— y que el motivo de la distorsión en el segundo trimestre de 2020 de la serie histórica de rupturas matrimoniales está en la paralización de la Justicia por el estado de alarma decretado en marzo.
De hecho, en ese mismo mes ya se empieza a detectar la caída de los divorcios y separaciones debido a que las tramitadas en los días anteriores a la suspensión de las actividades judiciales no esenciales dejan de resolverse, dando pie al gran atasco que se vive a día de hoy. Soriano pone cifras a ese colapso: «Lo que antes tardaba unos cinco días hábiles, ahora tarda dos o tres meses». Es decir, no es que no se estén produciendo divorcios y separaciones sino que se encuentran a la espera de ser resueltos por la Administración.
Atendiendo a las cifras concretas que ofrece el informe y asumiendo la estabilización del ritmo de disoluciones matrimoniales que muestran los últimos balances anuales, la caída de la actividad es importante. Mientras en el segundo trimestre de 2019 se resolvieron 3.494 procedimientos, este 2020 han sido 2.100, un 39,9 % menos. El desplome es ligeramente inferior al que registra el conjunto del país, que alcanza el 42,3 %.
El descenso es común a todas las categorías: las separaciones no consensuadas caen un 35,7 % y las de mutuo acuerdo, un 49,2 %; mientras los divorcios sin pacto retroceden un 43,8 % y en los que hay acuerdo lo hacen en un 37,3 %. El de las nulidades es el único apartado en el que la tendencia es al alza y crece un 150 %, si bien el tamaño de la muestra facilita esta gran oscilación, ya que en 2019 hubo 2 y en 2020 han sido 5.
Estas cifras anticipan dos posibles escenarios según predice Soriano. O bien nos encaminamos hacia un fuerte repunte de los divorcios y las separaciones para 2021 o bien hacia un desfase estructural en las estadísticas oficiales.
Para llegar al primero, la Justicia tendría que ponerse al día muy rápido. Así, resolvería ya dentro de ese año próximo una gran parte de los procedimientos acumulados durante 2020. De lo contrario, si el colapso se convierte en endémico, podría derivar en una desviación de estos datos, ya que solo se incluyen en las cifras oficiales cuando están resueltos y no cuando se inician trámites.
Soriano lanza una alerta sobre los retrasos en esta materia «sensible». Asegura haber recibido justo ayer una notificación para señalar un juicio para abril de 2021. «¿Qué pasa en ese plazo?», se pregunta en relación a los factores humanos que acompañan siempre a un divorcio o una separación: «Hay hijos y custodias, hay hipotecas...se necesita resolverlos», exige.
