La Unión Europea quiere endurecer los parámetros de emisiones a medio plazo, pasando de la reducción actual del 40 % de gases de efecto invernadero a un 60 % en 2030. Una medida que salió adelante el pasado miércoles en el Parlamento europeo, al aprobarse el mandato de negociación sobre la Ley Europea del Clima. La propuesta salió adelante por 392 votos a favor, 161 en contra y 142 abstenciones.
La nueva normativa pretende transformar en obligación vinculante la promesa política de alcanzar la neutralidad climática en 2050. El objetivo es ofrecer a los ciudadanos y a las empresas europeas seguridad jurídica con financiación suficiente para lograr la meta marcada.
Los eurodiputados también quieren crear un organismo científico independiente encargado de evaluar si la política es coherente, así como supervisar los avances de cada estado miembro. Además, creen que la Unión Europea y todos los países integrantes deben eliminar progresivamente todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles para el 31 de diciembre de 2025 como muy tarde. E insisten, también, en la necesidad de progresar hacia una transición justa para combatir la pobreza energética.
La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, aunque a favor de avanzar en políticas de mitigación, incidía ayer en la realidad del tejido económico español y el valenciano particularmente. «Compartimos la necesidad de ser exigentes, pero el margen tan ajustado de tiempo va a ser difícilmente asumible, teniendo además en cuenta que nuestras empresas tienen el riesgo de sufrir la competencia (desleal) de terceros países», señalaba.
«Creo que la ley europea del clima tiene que ir acompañada de ayudas a nuestras empresas para que sean capaces de adaptarse, avanzar en descarbonización y que la Unión Europea establezca los mecanismos necesarios para establecer unas reglas del juego equivalentes a nivel global», explicitaba la política valenciana.
Los próximos pasos implican que el Europarlamento inicie las negociaciones con los Estados miembros en cuanto el Consejo haya acordado una posición común para la Ley del Clima, que convierte la neutralidad de las emisiones en un requisito legal.
