En plena polémica por la reforma exprés planteada por los partidos que sustentan al Gobierno para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministro de Justicia hizo gala ayer de su habitual actitud mesurada desde la tribuna valenciana del Club de Encuentro Manuel Broseta, cuando fue preguntado por el debate estrella del día. Juan Carlos Campo defendió la proposición de ley que reduce la mayoría necesaria para renovar el organismo -y limita sus funciones con el mandato caducado- como la única vía posible con tal de lograr el acuerdo ante la «falta de voluntad política» de «quienes están bloqueando las instituciones», dijo.
«La situación de rehenes en la que están los vocales del CGPJ es insostenible en democracia y había que buscar válvulas de escape», incidió Campo. El ministro apeló a la Constitución para recordar que el bloqueo del poder judicial se eterniza ya durante dos años, una situación que, a su juicio, «produce la desafección de la ciudadanía en la cosa pública» y merma «la confianza en las instituciones».
La conferencia del titular de Justicia se programó inicialmente el pasado 29 de abril, pero la pandemia y el azar quisieron que su intervención acabara coincidiendo con el día en que se presentaba la controvertida reforma, que Vox, PP y Cs ya han dicho que llevarán al Constitucional. Presentado por Amparo Matíes, presidenta del Club de Encuentro, Campo comenzó criticando la «polarización» del debate público y el ruido mediático» para luego centrar su discurso en desgranar el plan 20-30 con el que el Ministerio quiere modernizar y transformar el aparato judicial para adaptarlo al siglo XXI. «Sabemos que el modelo de justicia no funciona adecuadamente», reconoció el ministro. El problema, matizó, no es tanto de recursos económicos y personales (que también) sino, sobre todo, de organización, eficiencia y falta de apertura. «La justicia se ha cerrado en sí misma, se ha relacionado poco con otras instituciones y no se acerca lo suficiente a una sociedad para la que no puede ser útil si no es comprensible», apostilló.
Campo anunció un paquete de medidas con el punto de mira puesto en agilizar la resolución de casos, hacer más accesible la justicia y adaptar las sedes a la transición ecológica y a la revolución tecnológica, reduciendo burocracia. El ministro señaló la mediación como la clave de bóveda para reducir la litigiosidad. Por eso, abogó por potenciarla mediante incentivos económicos y procesales en la negociación entre las partes. También prometió avanzar en la transformación digital y reformular los juzgados del paz para crear oficinas de justicia de proximidad en los municipios que faciliten los trámites a los vecinos en zonas despobladas, evitando desplazamientos a grandes ciudades.
