El president de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, rechazó ayer los «arrebatos» contra la reforma educativa española conocida como ley Celaá, entre ellos los de algunos presidentes autonómicos del PP: «Cada comunidad tiene legitimidad de orientar sus competencias, pero con la educación no se puede jugar».

«No es una ley que vaya a romper la convivencia, todo lo contrario». Puig señaló que «hacer partidismo con la educación es el peor camino» y pidió superar «enfrentamientos que no son reales».

Mientras, los tres partidos de la oposición en las Corts (PP, Ciudadanos y Vox) anuncian acciones en los ayuntamientos, el parlamento y los tribunales contra el «cúmulo de despropósitos» de la ley Celaá, que califican de «bochornosa» y que consideran que acarrea un «recorte de derechos».

En el PP, el diputado José Císcar aseguró que la formación «seguirá siendo el muro de contención» contra esta normativa y lamentó que «muchos aspectos de esta ley ya se venían aplicando» en la Comunitat Valenciana. El PP anuncia iniciativas en los ayuntamientos y una proposición no de ley en las Corts.

El líder de Cs, Toni Cantó, que se reunió ayer con la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), dijo que la ley «está dictada directamente por Podemos y el nacionalismo». Según dijo, «ataca al español» y a la «libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos».

Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV, José Muñoz, cree que la polémica es artificial y se mejora la ley Wert. La diputada de Compromís Papi Robles sostiene que «estamos en una situación en la que, como algunos no tienen argumentos, mienten literalmente sobre la ley», y remarca que «no se va a cerrar la educación especial». Según Robles, la ley refuerza las políticas valencianas.