Para Manuel, su mujer y sus dos hijos salvar los muebles no es salir airoso, es agarrarse a lo poco que les queda. No han podido paralizar el desahucio por los cauces legales, con certificado de vulnerabilidad incluido. Solo ganar una prórroga negociada in situ hasta el lunes para que todas sus pertenencias no se queden tras la puerta que se convertirá en inquebrantable cuando los echen del piso.
Esta situación se producía el mismo día en elque el vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias, anunciaba la aprobación inmediata de un decreto para frenar los desahucios por mor de la enmienda en los Presupuestos del Estado que Unidas Podemos ha suscrito con ERC y EH Bildu.
Para Manuel y su familia llega tarde. Desde primera hora de la mañana la Policía se desplegó en el portal de la vivienda de la calle Quart. Hasta siete furgones se pudieron contar. En la otra acera situaron a los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que fueron uniéndose a la protesta e increpando contra el desalojo a una familia sin garantía habitacional (el Ayuntamiento de València ya tiene una vivienda para el próximo lunes) y con una menor.
Con la llegada de la comisión judicial comenzó la negociación a los ojos de las ventanas que iban a desahuciar. Manuel perdió su casa tras las deudas acumuladas con Hacienda. El piso que habitaban desde hace 30 años, «pagado hasta el último céntimo», fue embargado. La Seguridad Social lo sacó a subasta, 180 metros cuadrados en la calle Quart, por 290.000 euros. Quedó vacante. Un mes después, esta fue adjudicada por 66.000 euros a un postor.
Querella admitida
Manuel ha denunciado los hechos y la querella ha sido admitida a trámite, por eso reclamaban una prórroga. Las medidas cautelares , sin embargo, fueron rechazadas por el juez, igual que el certificado de vulnerabilidad o la presencia en el hogar de una menor escolarizada en la zona.
La negociación entre las partes en medio de la calle no acababa de desperezar el acuerdo. La representante del nuevo propietario pidió que se efectuara la entrada en el piso y cambio de cerradura en el momento mientras que tanto la PAH como la defensa de Manuel reclamaban unos días para sacar sus pertenencias y llevarlas a un local de unos amigos del hijo mayor. «Ya que dan por perdida la casa, lo que quieren es salvar sus enseres», defendían.
Con el compromiso sellado y la realidad de que el matrimonio y los dos hijos dejarán el lunes el que fue su hogar de toda la vida, Manuel González asegura sentirse «jodido, enrabietado, tenso». Es parado de larga duración y su mujer cobra 560 euros como sociosanitaria.
Por su parte, desde la PAH, José Luis González, cargó contra el Gobierno al señalar que está «muy lejos de lo que ocurre en la realidad porque es mentira que los desahucios no existen».
Vivienda y la Pobla irán juntos al juzgado
La Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona solicitarán conjuntamente al juzgado la paralización del desahucio de 38 familias de dos bloques de viviendas previsto para el 9 de diciembre. En total hay 94 afectados, entre las que hay una mujer embarazada, tres presentan alguna discapacidad y 25 son menores.
El vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, y la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, se reunieron con el alcalde de La Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, con el fin de buscar solución a la problemática de los desahucios.
«Estamos hablando de 38 familias con unas condiciones de vulnerabilidad enorme y, ante esta situación, desde la Generalitat y el Ayuntamiento vamos a solicitar al Juzgado la suspensión del lanzamiento», aseguró Martínez Dalmau.
