Desde el estallido de la crisis sanitaria, social y económica, el pasado mes de marzo, más de 60.000 empresas de la Comunitat Valenciana han tenido que recurrir a un crédito ICO para asegurar su viabilidad. El montante total de estos créditos roza los 11.000 millones de euros, casi la mitad del presupuesto de la Generalitat Valenciana para este 2020 (unos 23.000 millones), una cifra que evidencia tanto la fuerza con la que el virus ha impactado en la economía como la envergadura del sistema de protección a empresas y plantillas que las distintas administraciones se han visto obligadas a desplegar.
Las provincias de Valencia y de Alicante aglutinan a casi el 90 % de estas compañías necesitadas de liquidez. Concretamente, y según los datos oficiales del Gobierno desagregados por provincias, a los que ha tenido acceso este diario, 29.135 están radicadas en Valencia, 24.471 lo están en Alicante y 6.551 tienen su sede en la provincia de Castelló. De los 10.942 millones de financiación total que han recibido a través del Instituto de Crédito Oficial, 8.436 millones están avalados por el Estado y el resto por las propias entidades financieras, que ya estaban cerrando el grifo del crédito ante las negras perspectivas de recuperación de algunos sectores.
Hace apenas 10 días, el Gobierno lanzaba un balón de oxígeno para todas estas empresas con problemas de liquidez al aprobar en Consejo de Ministros un decreto ley para ampliar hasta el 30 de junio el plazo para solicitar nuevos créditos. Pero, sobre todo, al permitir extender de cinco a ocho años los vencimientos de estos préstamos y aceptar prorrogar un año más el periodo de carencia, que era de 12 meses, por lo que en la gran mayoría de casos vencía este próximo marzo.
Este instrumento ha tenido una alta demanda ya que, según Moncloa, en todo el territorio nacional se han avalado más de 82.000 millones de euros en más de 880.000 operaciones. En la C. Valenciana se han efectuado 95.425 de ellas, 46.189 en Valencia, 38.271 en Alicante y 10.965 en Castelló. El importe total supone un 13,4 % del total nacional.
Pero los créditos ICO no son el único instrumento del que han tenido que echar manos las empresas para poder capear el temporal provocado por la crisis del coronavirus. Los ERTE han sido el otro elemento estrella del paracaídas desplegado por Moncloa para evitar quiebras y despidos. Según los mismos datos por provincias que maneja el Gobierno, y sin tener en cuenta a los trabajadores incluidos en la figura agregada en la última prórroga del 31 de octubre y del que todavía no se conocen datos, en Valencia quedan 22.611 personas en expediente temporal, en Alicante 21.282 y en Castelló 3.652.
Más de 300.000 desafectados
De esta forma, desde su puesta en marcha en marzo, habrían salido de ERTE más de 300.000 valencianos según los datos del Gobierno. Los de la Generalitat, que no diferencian por provincias y sí incluyen la modificación del 31 de octubre, dejan la cifra en 281.000 desafectados a fecha 23 de noviembre. En el momento más duro de la pandemia, a finales del mes de abril, la provincia de Valencia llegó a tener a 181.396 personas en ERTE, la de Alicante 132.883 y la de Castelló a 35.356.
Asimismo, 130.194 trabajadores de Valencia recibieron algún tipo de prestación por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por valor de más de 134 millones de euros. En Alicante fueron 101.641 los beneficiarios, por un importe de 102 millones y en Castelló, 26.443 por un total de 28 millones. La suma autonómica se eleva a 258.278 personas y la cuantía de las ayudas supera los 265 millones de euros.
En cuanto a los autónomos, la provincia de Valencia vuelve a ser la más afectada. 92.667 trabajadores por cuenta propia recibieron prestaciones, 84.588 por cese de actividad hasta el pasado 30 de junio. En Alicante han sido 79.287 y en Castelló 19.562.
Sancionadas dos empresas por irregularidades en los ERTE
El Consell ha autorizado imponer sanciones a dos empresas por importe de 150.000 euros por obstruir la labor de inspección y de 25.000 euros por no incluir en el ERTE a trabajadores fijos discontinuos. Son sanciones muy graves en materia laboral, propuestas por la Conselleria de Economía y Trabajo a dos empresas valencianas que fueron visitadas por la Inspección de Trabajo,según informó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
