La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha informado de que la Generalitat se hará cargo de los gastos derivados del traslado o repatriación, inhumación o incineración de las mujeres y sus hijos o hijas que puedan morir como consecuencia de la violencia de género.
Oltra lo ha explicado en la comisión de Políticas de Igualdad y Colectivo LGTBI de Les Corts, donde ha comparecido para dar cuenta sobre el cumplimiento del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que en su tercer aniversario cuenta con el 83% de las medidas ya realizadas o en ejecución.
En su comparecencia, ha destacado el esfuerzo que se ha hecho para adaptar la Ley integral contra la violencia sobre las mujeres al Convenio de Estambul, que contempla como delito todas las formas de violencia contra las mujeres, y ha añadido que en esa misma línea de adaptación de la norma valenciana se plantea una nueva modificación a través de la ley de Acompañamiento de 2021.
Esta modificación permitirá incorporar los gastos de repatriación y sepelio en los casos de asesinatos machistas, y ha añadido que dentro de la ley de Acompañamiento también se contempla una modificación de la renta valenciana de inclusión, para que la ayuda se pueda equiparar al cien por cien del salario mínimo interprofesional para aquellas mujeres que se encuentren en una situación de explotación sexual.
La bonificación en la compra y alquiler de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género es otra de las novedades que ha apuntado la vicepresidenta, junto con la gratuidad en el transporte público de la Generalitat, cumpliendo dos medidas previstas en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclistas.
El Pacte como instrumento
Oltra ha incidido en la importancia del Pacte como una herramienta que ha permitido "afrontar con cierta fortaleza" la situación derivada por la pandemia por Covid-19, gracias a que es un instrumento "vivo y flexible que nos ha permitido vivir esta difícil coyuntura con el bagaje del trabajo hecho y del aprendizaje adquirido".
Así, ha hecho un llamamiento a "mantener el acuerdo y el consenso democrático ante la violencia de género y machista" porque "no podemos permitirnos una sola disensión que nos pueda hacer olvidar la finalidad que nos unió", o que favorezca "una sola grieta que permita a los agresores machistas aislar con mayor facilidad a las mujeres víctimas y sus hijos e hijas, o fortalecer o envalentonar las seculares fuerzas que aún hoy niegan o excusan la violencia de género y machista".
La vicepresidenta ha destacado las medidas extraordinarias que se han adoptado durante la pandemia, como la apertura de nuevos centros residenciales para mujeres víctimas y sus hijas e hijos, que ha supuesto contar con un total de 355 plazas, y donde han sido atendidas durante el estado de alarma 107 personas, de las que 74 eran mujeres y 33 personas menores de edad.
Dentro de la red residencial, ha destacado la puesta en marcha en junio de 2019 de dos centros especializados en atención a las mujeres víctimas de explotación sexual que han atendido a 16 mujeres, que además de acogimiento residencial, han recibido un acompañamiento de profesionales especializados que las ayudan en un proceso socio-educativo dirigido a la recuperación y preparación para su inserción laboral.
Xarxa Centres Dona
La vicepresidenta ha destacado también el trabajo realizado desde la Red de Centros Mujer, donde en lo que va de 2020 se han atendido a 9.468 mujeres víctimas de violencia de género, lo que supone un 58,8% más que en 2019. Un incremento que se debe, entre otros motivos, por la puesta en marcha de los centros Mujer Rural.
Ha precisado que desde la declaración del estado de alarma, estos centros siguieron trabajando de manera ininterrumpida, realizando un total de 28.199 atenciones, de las cuales 7.995 han sido de manera presencial; 1.250, de manera itinerante; 18.936, telefónicamente, i 18 atenciones se han realizado por videoconferencia.
Respecto a la atención telefónica, desde enero de este año, se han atendido 52.722 llamadas, de las que un 74,34% vienen de las mismas mujeres víctimas; un 12,10% de personas de su entorno y 13,56% de profesionales.
