La estrategia del Consell para luchar contra la violencia sexual, un plan impulsado desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con medidas concretas para frenar los ataques que sufren las mujeres, ha generado serias tensiones entre este departamento y las entidades que integran la comisión de seguimiento del pacto valenciano contra la violencia de género, el ámbito en el que se está trabajando la citada estrategia.
El proceso de elaboración y negociación de este documento, que la conselleria que dirige Mónica Oltra quería tener listo antes de acabar el año, ha enfadado a las organizaciones de mujeres, sindicatos y universidad hasta el punto de que la conselleria ha optado por ampliar el plazo para el acuerdo. Atiende, de esta manera, a la petición de buena parte de las organizaciones representadas en la comisión e incluso de otros departamentos como el de Justicia o de partidos políticos, como Unides Podem y el PSPV, molestos por la forma en la que la conselleria había dirigido el proceso y que consideraban les dejaba sin margen para que sus alegaciones fueran tenidas en cuenta.
El aplazamiento ha permitido frenar una escalada de tensión que esta semana ha estado a punto de romper el consenso que ha acompañado el pacto valenciano contra el machismo desde su aprobación. Por primera vez, las entidades feministas estaban dispuestas a emitir un voto particular si la conselleria forzaba la aprobación del documento sin darles más margen para discutirlo.
El origen del conflicto se remonta a noviembre cuando desde la secretaría autonómica de Igualdad se convocó, el día 20, a la comisión de seguimiento del pacto para negociar el borrador de la estrategia sobre la violencia sexual. La comisión había encargado meses atrás a un grupo de expertas la elaboración del borrador, pero a última hora y sin previo aviso, la conselleria llevó a la mesa su propio texto, lo que generó sorpresa e indignación entre los presentes, según se desprende de las actas de este encuentro.
El secretario autonómico de Igualdad, Rubén Sancho, que preside esta comisión, defendió que el documento presentado se había basado en el elaborado por las expertas, pero el de la conselleria era más operativo y centrado en la acción y con acciones concretas en la línea del pacto valenciano contra el machismo. Durante la reunión varias organizaciones expresaron su contrariedad por que la conselleria hubiera desechado el documento de las expertas y en su lugar, ofrecido otro que no habían tenido tiempo de examinar. La queja fue generalizada e incluyó los llamamientos de las diputadas del PSPV y Unides Podem para el consenso, quienes apuntaron que en este asunto debía primer el acuerdo y una metodología de trabajo clara ante la confusión generada por la existencia de dos documentos distintos.
Desde el departamento que dirige Gabriela Bravo hubo quejas al considerar que no se les había escuchado pese a tratarse de materias de su competencia. El secretario autonómico aceptó retirar la propuesta y convocar un mes después de nuevo la comisión.
El pasado once de diciembre, las entidades recibieron una nueva convocatoria por parte de Igualdad en la que se les daba cuatro días para presentar alegaciones al documento oficial retocado. Tiempo que las entidades consideraron claramente insuficiente.
La negativa de la conselleria a ampliar el plazo generó un nuevo enfrentamiento y el aviso de las entidades de mujeres de desmarcarse del acuerdo.
Con este clima enrarecido, la reunión de la comisión del pacto celebrada el pasado 21 de diciembre volvió a poner de relieve las diferencias internas. Finalmente, el calendario se ha ampliado y la conselleria contempla febrero como mes para alcanzar el acuerdo.
La lucha contra la prostitución como telón de fondo
El documento de las expertas incluye la lucha contra la prostitución como un eje clave y plantea una ley abolicionista. El texto presentado por Igualdad es más escueto y no habla de abolicionismo, si bien incluye medidas como campañas de sensibilización a los «consumidores» de prostitución para desincentivar «la demanda», términos que llama la atención use la conselleria a pesar de que la vicepresidenta Mónica Oltra cuestionó públicamente por supone asimilar mujeres a mercancias.
