Cinco meses después de su detención por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar, Carlos Gil ha dejado de formar parte del grupo popular en la Diputación de Valencia. Cuando el caso salió a la luz pública, en septiembre, el PP suspendió de militancia al también alcalde de Benavites y le apartó de su responsabilidad como coordinador general del partido en la provincia. Pero el auto que confirma su procesamiento y el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide para él 10 meses de prisión por violencia de género, han obligado a los populares a adoptar  medidas mucho más contundentes. El presidente provincial del PP, Vicente Mompó, ha comunicado esta tarde la expulsión de Gil -hombre de su máxima confianza- de la formación y le ha pedido que renuncie al acta de diputado. Con su baja definitiva, el munícipe de Benavites también dejará de representar al PP en esta localidad.

A pesar del castigo inicial adoptado contra Gil, en los últimos meses éste ha seguido participando de forma activa en los plenos, los consejos de administración de Divalterra y otros órganos internos de la diputación como un integrante más del grupo popular. Una cuestión que había levantado suspicacias en algunos sectores del partido. Preguntada por la mañana acerca de la situación judicial del diputado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, dejó clar que la decisión de tomar medidas correspondía a Mompó.

Dicho y hecho, el dirigente provincial respondió pocas horas después con la firmeza que se le demandaba. En un comunicado, recalcó que los estatutos del partido «están para cumplirse» y defendió que el PP es «absolutamente sensible contra la violencia machista y totalmente determinado a combatirla en todos los ámbitos». Ahora bien, el presidente provincial introdujo un matiz al mostrar su «respeto absoluto a las decisiones judiciales» y al «derecho a la presunción de inocencia».

Carlos Gil siempre ha mantenido su inocencia ante la denuncia por la que ha terminado siendo procesado. Además de enfrentarse a 10 meses de prisión por supuestas amenazas físicas y verbales a su expareja tras una discusión, la Fiscalía también pide para él 10 días de localización permanente por otro delito leve de injurias, una orden de alejamiento de dos años respecto a la denunciante y una pena de inhabilitación que complica su continuidad como cargo público.