La anulación del Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral (Pativel) por defectos de forma decidida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) no tendrá efectos inmediatos, ya que la sentencia aún no es firme. Y tardará en serlo.

La Conselleria de Política Territorial ya anunció el jueves su intención de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La falta de unanimidad en la sentencia dictada el 11 de febrero y el voto discrepante de uno de los tres magistrados dan esperanzas al Consell para que el alto tribunal revoque la decisión del Tsjcv.

Aunque la nulidad del Pativel y sus posibles efectos no son inmediatos, la decisión crea una situación jurídica complicada. Sobre todo en las medidas transitorias para los planes urbanísticos que ya estuvieran tramitados y aprobados.

El Pativel no impedía su ejecución, como reconoce el voto particular de la sentencia dictada el pasado jueves. «El Pativel excluye los suelos que tengan instrumento [urbanístico] aprobado y no caducado para no tener que fijar indemnizaciones», por lo que el plan de protección de la costa impulsado desde la Conselleria de Política Territorial se curaba en salud.

Pero sí imponía unos plazos de ejecución para que estos procesos urbanizadores no se eternizaran. El régimen transitorio obligaba a los planes urbanísticos aprobados a iniciar las obras en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor del Pativel (el 12 de mayo de 2018, al día siguiente de su publicación en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana). Un plazo que finalizaba en mayo de 2023. Estas obras de urbanización tampoco podían eternizarse y el Pativel obliga a ejecutarlas en un periodo de cinco años más.

En esta situación de alivio de los plazos transitorios se encontrarían, siempre que el Pativel se anule definitivamente, los planes urbanísticos Doña Blanca Golf de Torreblanca, el programa de actuación integrada (PAI) Sant Gregori Golf de Burriana, el PAI El Puig nord SP3-SP4, el PAI del Brosquil y de la Bega de Cullera, e sector 6 de Tavernes de la Valldigna, el PAI de Rafalcaid de Gandia y la urbanización prevista en Cala Mosca de Orihuela. Actuaciones que prevén alrededor de 20.000 nuevas viviendas en primera línea de mar, según el cómputo realizado por Levante-EMV.