Entre las reacciones al Pativel llama la atención que los consistorios no se rigen por sus colores políticos, pues los municipios cuentan con un sinfín de casuísticas diferentes en cuanto a la protección de las zonas verdes y la afección —o no— del decreto. Mientras Gandia siempre ha aplaudido el plan territorial de 2018, Oliva lo ha rechazado de pleno y tiene presentado un recurso del que esperan una respuesta de los tribunales, todo y que en ambos municipios gobiernan las fuerzas del Consell del Botànic.

En Oliva aseguran que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no ha sido una sorpresa, mientras que en Canet d’en Berenguer, el alcalde, Pere Antoni Chordá (PSPV,) aseguraba ayer que la noticia «había sorprendido». «No pensábamos que fuera a acabar así aunque, ahora mismo, no tendrá la misma incidencia que si hubiera sido en 2008, no estamos en ese contexto», refiriéndose al «boom» de la construcción de la década pasada y de las consecuencias a corto plazo.

«Alegría» y «euforia» son las palabras que utiliza el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, que afirma esperar que «este sea el último paso» y el Consell no vaya más allá. «El pueblo ha tenido pérdidas económicas y de actividades que generan ocupación y ha habido muchas reclamaciones, no solo del PP», explica. Por otro lado, desde Tavernes de la Valldigna, su concejal de Urbanismo, Josep Llàcer (Compromís), se muestra a la expectativa del recurso del Consell, aunque recuerda que el PAI 17 depende de la construcción de la depuradora para desarrollarse.