Un valenciano lleva casi 10 años esperando que la Conselleria de Vivienda le abone las ayudas al alquiler que le reconocieron en 2011 (entonces gobernaba el PP) y que hasta hoy no ha conseguido cobrar porque su expediente se ha eternizado en la maquinaria de la burocracia.
El Síndic de Greuges ha emitido una recomendación al departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau en la que pide que «en el menor plazo posible, continúe con la tramitación del expediente del promotor de la queja en relación con la ayuda solicitada, y en su caso, proceda al abono de la misma».
Sin duda se trata de un caso especial, pues la paralización del expediente se debe a la falta de dotación presupuestaria del Gobierno del PP. Con todo, la Administración nunca desestimó la petición del ciudadano, que inició su batalla burocrática para conseguir resolver el problema. Tras dos quejas ante el Síndic de Greuges en 2016 y 2017, la Conselleria de Vivienda continúa sin resolver el expediente, por ello el defensor del pueblo valenciano recuerda también el «deber legal (…) en lo relativo a la obligación de todos los poderes públicos de prestar auxilio a esta institución con carácter preferente y urgente en sus investigaciones». Es decir, que no solo pongan solución al problema de la persona afectada, sino que atiendan a las recomendaciones de Ángel Luna, Síndic de Greuges.
El Síndic, en su informe, explica que con fecha 10/9/2020 se presentó en la institución una nueva queja del interesado, que manifestaba que habiéndole sido reconocido en el año 2011 que cumplía los requisitos para acceder a una ayuda de alquiler al inquilino «no ha recibido el reconocimiento y abono efectivo de la misma, a pesar del tiempo transcurrido desde la citada fecha».
Reprimenda
La reclamación del interesado por la demora en el abono de la citada ayuda fue objeto de la apertura de dos expedientes anteriores de queja, en los que la conselleria informó al Síndic «que iba a adoptar las medidas tendentes a proceder al abono de las ayudas de referencia» y atender aquellas peticiones que se quedaron paralizadas por la falta de presupuesto.
Pero al no resolverse esta situación, el Síndic requirió a la conselleria que les informara «sobre el estado de tramitación de la subvención solicitada por el promotor de la queja». Transcurridos 15 días sin haber recibido la información solicitada, el Síndic volvió a requerir la información en dos ocasiones más.
El Defensor del Pueblo insistió el pasado 29 de diciembre de 2020 y recordó al departamento de Rubén Martínez Dalmau que, de no colaborar con la institución, «podría ser objeto de un informe especial a las Cortes Valencianas, además de ser destacada en la sección correspondiente del Informe anual del Síndic de Greuges».
Ángel Luna le advierte de que «la falta de colaboración se encuentra tipificada en el artículo 502.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal». En sus conclusiones, el Síndic Ángel Luna señala que es «consciente» de las dificultades financieras que afronta la Generalitat «para hacer frente al pago de las subvenciones de planes de vivienda que ya no se encuentran en vigor», y cuya tramitación se encontraba paralizada, pero lamenta que son «muchas las personas solicitantes de subvenciones cuyos expedientes fueron paralizados por razones presupuestarias, que no tienen ningún conocimiento de cuál es el estado de subvención, si está concedida, si está pendiente de pago, o si ni siquiera se ha admitido a trámite».
Subvenciones la compra de casas en zonas poco pobladas
El Vicepresidente Segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, anunció ayer que está trabajando en un programa de ayuda a la compra de vivienda para jóvenes, en el que plantea ayudar con hasta el 20% del precio del inmueble a aquellos jóvenes que compran una casa en un municipio con menos de 5.000 habitantes. Con esta iniciativa, conselleria combinaría las ayudas a la emancipación y la promoción de zonas menos pobladas.
