Tras seis años de investigación, la causa sobre las presuntas irregularidades cometidas por la patronal de la educación concertada se cerró ayer con un acuerdo de conformidad entre la Abogacía de la Generalitat y Feceval (Federación de Centros de Enseñanza) que evitó el juicio que debía celebrarse ayer en la sección primera de la Audiencia de València.
Finalmente, Feceval, como entidad jurídica, admitió haber cometido un delito de fraude de subvenciones por la que se condena a la patronal de la concertada, según el fallo dictado in voce en la sala, a una multa de 25.012,50 euros y abonar a la Generalitat un total de 74.987,5 euros en concepto de responsabilidad civil.
En la condena se aplican las atenuantes de dilaciones indebidas en la causa (que se ha prolongado durante seis años ya que se abrió en 2015, tras la denuncia inicial de Compromís en 2014) y de reparación del daño ya que Feceval ha devuelto parte del dinero defraudado a la Generalitat. La condena es firme y no será recurrida, tal como admitieron ayer todas las partes implicadas en la causa.
El acuerdo por el que Feceval admitía haber cometido fraude en la subvención recibida por la Generalitat conllevó que los dos exdirectivos procesados en esta causa, José Manuel B. E. y Víctor V. B., resultaran absueltos.
De hecho, la Fiscalía Provincial de València no formulaba acusación en esta causa por lo que solicitaba la absolución de los dos procesados. El juicio iba a celebrarse por la acusación particular de la Abogacía de la Generalitat, que, finalmente, ha visto cómo prosperaban parte de sus alegatos durante la causa.
El Consell ha defendido a lo largo de la investigación que se había producido «el pago indebido del salario y las correspondientes cotizaciones sociales, con cargo a fondos públicos, de cinco personas que prestaban sus servicios en Feceval».
Convenio de 2003
Según marca la normativa y diversa jurisprudencia, el dinero público que recibe la educación concertada debe destinarse al pago de salarios y cotizaciones del profesorado. Las subvenciones que recibía Feceval estaban reguladas por convenios suscritos con la Conselleria de Educación desde 2003 que se renovaban automáticamente.
Sin embargo en Feceval, «obviando los condicionantes del convenio se produjeron cinco contrataciones de personas que jamás habían impartido clases en colegios concertados ni jamás se habían dedicado a la docencia reglada en sus distintos niveles educativos. Siendo contratados ad hoc para ser liberados», según reflejaba la Abogacía de la Generalitat en su escrito de acusación.
El Consell reclamaba por estos hechos un total de 758.309,08 euros por los salarios indebidamente pagados a los cinco liberados.
Una cantidad que, según fuentes de las defensas, se ha logrado reducir al 10 % ya que la pericial presentada por la defensa de los dos acusados, Vicente Boluda, consiguió acreditar que el 90 % de los salarios abonados con las subvenciones de la Generalitat se habían pagado correctamente a personal docente.
De ahí que el acuerdo de conformidad incluya que la Generalitat solo reclame a Feceval el 10% de la cantidad indebidamente abonadas a los cinco liberados de la patronal: los 74.987,5 euros fijados ayer en la sentencia de conformidad, más los 25.012,50 euros de multa estipulados por la sala.
