Unidas Podemos y otros partidos que forman parte del bloque de la investidura que apoyó a Pedro Sánchez defenderán el próximo martes en el pleno del Congreso una proposición no de ley para acabar lo que consideran una «imposición legal del castellano» en España, y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer nuevas, como el asturiano.

PNV; Bildu, BNG, ERC, Junts, PDeCAT o la CUPjunto con Más País y Compromís justifican la presentación de esta iniciativa en la necesidad de que España cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y garantice, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.

«Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística», señalan en el texto, apuntando la situación de «discriminación» a la que, a su juicio, han sido sometidos en algunas comunidades con lenguas propias distintas del castellano.

Así las cosas, en su proposición, de cuya defensa en el pleno se encargará Bildu, los partidos firmantes instan al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano gocen «del mismo reconocimiento» que el castellano, y sus hablantes «de los mismos derechos y deberes», y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan.

En la redacción original, los proponentes también emplazaban al Ejecutivo a garantizar el uso de las diferentes lenguas en instituciones nacionales, entre las que citaban las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social y empresas públicas como RTVE.