Bravo admite más cambios en el decreto del teletrabajo y avanza en su desbloqueo

La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha introducido, a petición de los sindicatos, nuevas modificaciones en el decreto sobre el teletrabajo en la Generalitat, un gesto con el que el departamento que dirige Gabriela Bravo espera allanar el camino para que esta norma sea aprobada en el próximo pleno del Ejecutivo.

La consellera Bravo reunió ayer a los sindicatos en la mesa sectorial de función pública (también estaba presente la subsecretaría de Economía, crítica con la regulación) para acordar una serie de cambios en un texto que lleva bloqueado tres semanas. El decreto había llegado al final de su tramitación y contaba con el informe favorable del Consell Jurídid Consultiu (CJC), aunque se frenó a las puertas del pleno del Consell, ya que las conselleries de Compromís consideran que carecía del consenso necesario. Justicia amoldó el texto a las observaciones esenciales del CJC, pero los departamentos críticos siguen cuestionando la regulación y defienden que el apartado relativo al teletrabajo de los puestos de jefatura sigue siendo restrictivo.

El resultado es que el documento quedó varado. Sin embargo, esta semana Bravo activó las negociaciones con los sindicatos y ha introducido variaciones que facilitan el teletrabajo (con planes personales y no programas) a determinados colectivos, entre ellos, las mujeres víctimas de violencia de género (a propuesta de UGT), las funcionarias gestantes (solicitado por CC OO) o por cuidado a menores enfermos.

La reunión, aunque supone un avance al ganar apoyos, no varía la posición general de los sindicatos respecto al resto del texto. El CSIF, por ejemplo, mantuvo que no apoya el decreto al considerar que no garantiza el derecho individual del funcionariado a acogerse al teletrabajo, mientras que UGT valora los avances pero admite las discrepancias de fondo sobre otras cuestiones, que, en todo caso, no fueron negociadas en ese foro ya que no es posible desde el punto de vista del procedimiento. Con todo, el principal obstáculo para Bravo no son los sindicatos sino sus socios de Consell. En la citada reunión, desde la subsecretaría de Economía se insistió en revisar algunas cuestiones para adaptarlas realmente a las observaciones del CJC. Hay pegas, pero no cerrazón a dialogar. Por su parte, desde la conselleria se mantiene que existe voluntad de acuerdo y que la idea es llevar el decreto al pleno del próximo jueves.

Por otro lado, en ese encuentro, Bravo comunicó la propuesta de que a partir del día 22 de marzo se reduzca el trabajo no presencial del personal y pase del actual 50% a un máximo del 30%. La conselleria plantea la vuelta al trabajo presencial ante la clara mejoría de la situación epidemiológica.