Cuando cumplió 6 años e iniciaba primero de Educación Primaria, su familia solicitó el certificado de discapacidad ya que esa es la puerta de entrada para iniciar cualquier trámite de ayudas, apoyos o derechos. Al niño, con 4 años, le diagnosticaron Trastorno del Espectro Autista (TEA) en grado 1 y le pautaron una terapia que ya estaba recibiendo desde los tres años en un centro privado. El certificado de discapacidad puede abrir las puertas del ámbito público pero si ese grado reconocido no supera el 33 % no sirve de nada porque a nada permite acceso. Ni a los puntos para elegir colegio.
La familia de Iván (nombre ficticio) solicitó su certificado de discapacidad en noviembre de 2018 y obtuvo el resultado ocho meses después con una valoración que reconocía un grado de discapacidad del 20 %. Como no estaba conforme con la valoración que se ceñía «a su patología solo con criterios médicos sin tener en cuenta las limitaciones que le provoca a nivel social, comunicativo y conductual», los familiares presentaron una reclamación que fue desestimada.
Este proceso duró unos dos años así que, agotada la vía administrativa, reclamaron lo que creía le correspondía a su hijo por la vía judicial. Así, el 5 de agosto de 2020, se presentó una denuncia en el juzgado que ya tiene sentencia y ordena a la Dirección Territorial de Diversidad Funcional de la Generalitat a reconocer «un grado de discapacidad del 33 %» que le permitir acceder a las becas del ministerio que subvencionan las terapias privadas con las que completar la atención pública.
Sin embargo, no será así de momento ya que la Abogacía de la Generalitat Valenciana ha recurrido la sentencia dándole continuidad al proceso judicial y demorando las ayudas a las que puede acceder el niño hasta que la sentencia sea firme y vea reconocido su grado de discapacidad del 33 % que ha dictado el juez.
Una «agonía» que se alarga
La abogada de la familia, Sandra Casas, (de Acción para la justicia social) asegura que recurrir cualquier procedimiento «es habitual en la Abogacía de la Generalitat» y aunque al final el Tribunal Superior de Justicia les da la razón «se alarga la agonía de las familias de forma innecesaria y se perjudica al menor, que es lo grave». El proceso empezó cuando Iván tenía 6 años. Ahora tiene 8 «y a saber cuántos tendrá cuando por fin se le reconozca de forma oficial el 33 % que ahora ha dictado un juez porque el atasco en el TSJ es considerable», afirma Casas.
Para la Plataforma Defensa TEA, el certificado de discapacidad facilita muchas ayudas a las familias «como la ayuda a pañales, de hijo a cargo con la Seguridad Social, las becas MEC (del ministerio), que si no tienes el certificado no las puedes solicitar y nos ayudan con terapias a las que no se accede desde el sistema público». «No puede ser que personas con autismo tengan menos de un 33 % de discapacidad. Pero que, encima, una familia se vea obligada a ir a los tribunales, gane la sentencia y ahora se quede igual porque la Abogacía ha recurrido nos parece lamentable porque es doliente»», señala.
En la sentencia se especifica que lo que se valora a efectos de otorgar porcentaje de minusvalía «no son los diagnósticos en sí mismo considerados, sino la repercusión funcional que los mismos producen para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria», y que de la documentación médica y psicológica aportada se reconoce que el niño «sí tiene importantes dificultades de relación tanto en el entorno familiar como en el escolar, que precisan de supervisión constante e intermitente por un adulto en ambientes protegidos y de acompañamiento y supervisión fuera de ellos».
Por ello, el juez asegura que «atendidas las limitaciones sociales, comunicativas y conductuales que se han acreditado en las actuaciones a través de informes técnicos la demanda ha de ser estimada considerando que la discapacidad que provoca el TEA grado 1 en el demandante es moderada y no leve». La discapacidad «le provoca restricción moderada en las actividades de la vida diaria, en particular los contactos sociales, que precisa supervisión constante de un adulto tanto en el ámbito escolar como en el familiar».
