Pesa más no tener permiso de residencia que ser víctima de un delito. Así, si son víctimas de agresiones, estafas, discriminación, abusos sexuales, maltrato infantil o acoso escolar y acuden a una comisaría a denunciar el delito del que son víctimas ellas o sus hijos lo que en realidad ocurre es que salen de allí sin poder hacerlo y con un procedimiento de expulsión o una multa por carecer de documentación. Lo mismo ocurre si se acercan a la comisaria a realizar cualquier trámite como recoger un pasaporte perdido o tramitar la documentación de un menor. Esa es la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular y las entidades sociales lo han acreditado con la denuncia pública de casos concretos desde hace años y una reclamación al Defensor del Pueblo que concluyó con una recomendación al Ministerio del Interior que el Gobierno ignora porque no está dispuesta a aplicarla. La recomendación para las víctimas, sin embargo, es que denuncien, pero en el juzgado de guardia.

Por eso, más de 40 entidades sociales de España dan un paso más para poner en conocimiento del Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes, Felipe González Morales, la vulneración del derecho al acceso a la justicia de quienes se encuentran en situación administrativa irregular. Las entidades denuncian que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están incoando procedimientos de sanción, que suponen expulsión o multa, a personas sin permiso de residencia que acuden a sus dependencias a interponer una denuncia por haber sufrido un delito o a gestionar un trámite administrativo". 

En el escrito, impulsado por la Red Acoge y presentado a la ONU, se recuerda que el Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio del Interior que se ordenara cesar esta práctica con las presuntas víctimas de delito. Este requerimiento a Interior se emitió a raíz de la queja presentada, en mayo de 2019, por València Acull en nombre de una mujer hondureña en situación irregular, que se personó en la comisaría de Xirivella para presentar una denuncia por haber sufrido una agresión. En lugar de dar traslado a la tramitación de su denuncia, fue detenida en la propia comisaría y se inició un procedimiento de expulsión. En la recomendación del Defensor se señala que "esta práctica administrativa, reiteradamente observada, (…) además de tener claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, constituye una clara vulneración de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, una quiebra del principio de proporcionalidad y de seguridad jurídica". Sin embargo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó el pasado mes de enero la solicitud del Defensor del Pueblo. 

 

Además, se ha constatado que este procedimiento no solo se aplica a quienes pretenden interponer una denuncia, sino también a quienes acuden a dependencias policiales a realizar cualquier tipo de trámite administrativo: tres mujeres fueron sancionadas por estancia irregular y tratadas de forma humillante en la comisaría de Paterna al ir a obtener el DNI de sus bebés.

 

"Esta práctica contraviene la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a la justicia de todas las personas que están bajo su jurisdicción, con arreglo a los principios de igualdad de trato y no discriminación, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, respetando los principios de equidad, proporcionalidad y de seguridad jurídica", aseguran las entidades sociales.

 

Por todo esto, las entidades reclaman al relator que respalde la recomendación del Defensor e inste a las autoridades españolas a "garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas migrantes, proporcionándoles el acceso a la justicia para obtener reparación por cualquier trato discriminatorio o violación de los derechos humanos de que sean objeto".