Desde la semana pasada los centros de mayores de la Comunitat Valenciana pueden hacer una «vida normal», o al menos eso es lo que se pretende con la nueva normativa de las consellerias de Sanidad y Políticas Inclusivas en materia de residencias una vez finalizado el proceso de vacunación e inmunización. Sin embargo, en la práctica y pese a que se mantiene la baja incidencia de casos —de nuevo ningún contagio entre residentes y cero fallecidos, y apenas siete trabajadores positivos desde la última actualización antes del puente de San Vicente— la ansiada normalidad a la que aspiran los mayores ha llegado con ciertas limitaciones, entre las que se mantiene la prohibición del contacto físico —nada de abrazos—.

Además, la libertad de visitas, salidas, reserva de plazas libres y nuevos ingresos está supeditada a los centros con vacunación completa que la conselleria fija en un 95% de los trabajadores y residentes. Esto presenta una serie de problemas, ya que por un lado puede haber centros pequeños en los que la negativa de algunos trabajadores a ser vacunados podría situar a la residencia en una posición de inmunización incompleta que impida esta nueva normalidad.

Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) critican que si la inmunidad de rebaño de la población general se establece en un 70 % de vacunación, para que un centro se considere seguro la normativa lo establezca en el 95 %. «Esto hace que pueda cambiar de un día para otro la situación de vacunación completa de un centro en caso de bajas que hay que cubrir, de sustituciones de verano o cualquier incidencia entre los trabajadores», indican fuentes de la patronal. Asimismo, consideran que en materia preventiva convendría hacer pruebas a los trabajadores que se reincorporen tras periodos de vacaciones, medida que no contempla la nueva normativa.

De igual modo, aunque se ha reducido el porcentaje, se mantiene la necesidad de dejar plazas libres de aislamiento, un 5 % en caso de centros con vacunación completa y un 10 % en los que no la tienen. «Esto impide atender a muchas personas que necesitan un recurso residencial», advierten desde Aerte, al remarcar que se bloquearían al menos 1.380 plazas.