No es que renieguen de su familiar, es que no les queda otra opción que incapacitar judicialmente a la persona (ya sea adulto o menor de edad) y renunciar a su tutela para conseguir plaza en una residencia cuando la convivencia se torna imposible, hay riesgo para la persona o sus familiares y el ingreso en un centro es la única opción posible. De esa manera, la Generalitat Valenciana está «obligada» a garantizarle a esa persona un recurso residencial ya sea en la Comunitat Valenciana o en otra autonomía al ser su responsable y tutor directo.
El proceso, sin embargo, es muy doloroso para las familias ya que deben acreditar ante un juez que no pueden hacerse cargo de su familiar tras años a la espera de que ingrese en un centro público, sin éxito.
Y es que ante la falta de plazas residenciales en el sistema público, la Generalitat Valenciana se ve obligada a derivar a personas con diversidad funcional y/o enfermedad mental a otras autonomías para su ingreso en un centro o a pagar la cuantía correspondiente en una residencia privada. Ese procedimiento resulta más caro para la Administración pública pero es la única salida cuando un adulto o un menor de edad tutelado por el Consell precisa de una plaza residencial pública que no existe en territorio valenciano. Así lo aseguran entidades sociales que trabajan con familias y personas con diversidad funcional y enfermedad mental, que aplauden el anuncio del plan «Convivint» tras calificarlo de «urgente» y «muy necesario» ante un sistema que hace aguas desde hace décadas.
El plan «Convivint» planifica el futuro de los servicios sociales al contemplar una inversión de 561 millones de euros en 247 actuaciones entre 2021 y 2025. De las 6.600 nuevas plazas públicas que prevé el plan hay 1.690 plazas para estas áreas (810 nuevas plazas en diversidad funcional y 880 en salud mental), lo que supone un 25,6% del total de las plazas. Así, solo el 13% de las plazas se destina en exclusiva a la salud mental, la gran olvidada del sistema asistencial. La mayoría se destinan a mayores (4.400) y el resto (510) a infancia.
«La falta de plazas era y es un drama para las familias que no pueden hacerse cargo de su familiar, solicitan el ingreso en un centro cuando la situación es insostenible y ven como el tiempo pasa y solo pueden conseguir el ingreso si renuncian a la tutela o lo incapacitan judicialmente para que la Administración les concede la plaza a la que tienen derecho», explica la abogada de Acción para al Justicia Social, Sandra Casas, tras aportar documentación de los últimos casos que ha llevado al juzgado. «Tras cada caso hay un drama que se incrementa con cada proceso que llega al juzgado para poder ingresar al familiar en un centro al que tiene derecho. Las listas de espera no funcionan y solo se tramitan los procedimientos de urgencia», recalca.
El director de la asociación Àmbit y patrono de Maides, Javier Vilalta, afirma que el plan «Convivint» precisa «de una dotación de personal que no sé cómo va a resolver la conselleria ante la limitación actual de contrataciones públicas.» «Al final se subcontratan empresas no especializadas en salud mental en una red que es muy deficiente y tiene demasiadas carencias», asegura.
