El Botànic ha recuperado una vieja reivindicación a la que el Gobierno de España hace de momento oídos sordos y que figura en el acuerdo de gobierno autonómico firmado hace seis años y también en la reedición de 2019.
El lunes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya trasladó en su encuentro en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, la necesidad de acabar con la precariedad de los funcionarios y señaló que las tasas de reposición hacen imposible e inviable la convocatoria de oposiciones y los planes de estabilidad en la Generalitat. Puig confió en conseguirlo en un plazo de tres años, según los plazos marcados por el ministro.
Ayer fue Compromís el que anunció una iniciativa parlamentaria en las Corts, que se debatirá en el pleno de la próxima semana, para reclamar al Gobierno de Sánchez que realice las modificaciones normativas necesarias para eliminar las tasas de reposición, que limitan el alcance de las ofertas de empleo público y lastran y precarizan la función pública valenciana. El síndic de Compromís, Fran Ferri, aseguró que la tasa de reposición proviene de las medidas impuestas contra la crisis de 2008 y pidió la eliminación de este veto a la ampliación de la plantilla para poder hacer frente a las crisis que se acumulan, la sanitaria y la climática.
Recuperar el personal perdido
La propuesta, que firman los diputados Nathalie Torres y Juan Ponce, síndic adjunto, reclama también la puesta en marcha de un plan de choque para la recuperación del personal perdido en años anteriores por las limitaciones que impone la tasa de reposición y otras ataduras presupuestarias para la convocatoria de ofertas públicas de empleo.
El veto a la contratación de nuevos funcionarios lo impuso el Gobierno de Rajoy en 2012 y lo ha ratificado después cada uno de los presupuestos que ha aprobado el Estado con el objetivo de limitar el porcentaje máximo de puestos de trabajo público, que queda condicionado al número de funcionarios que se jubila.
Es por ello que el número de convocatorias y plazas ofrecidas ha descendido de manera drástica en la administración valenciana. Según explica la iniciativa de Compromís, en la oferta de empleo público de 2020, la Conselleria de Justicia calculó que sería necesario ofertar unos 2.000 puestos de trabajo, pero la tasa de reposición solo permitía sacar a oferta pública 800.
Ello obliga a la Administración a cubrir puestos de trabajo de forma interina, con lo que el número de nuevas incorporaciones aún se reduce más. La situación se complica aún más ya que desde la publicación de la oferta pública hasta que se cubren las plazas vacantes pueden pasar cinco años.
La radiografía que hace Compromís es la de una Administración valenciana envejecida, con mucha interinidad y falta de personal, con lo que se ofrece cada vez un peor servicio ciudadano.
«La tasa de reposición no va solo contra los servicios públicos, sino contra el mismo autogobierno», señala la portavoz de Función Pública de la coalición, Nathalie Torres. Y recuerda que son muchas las organizaciones sindicales y profesionales del sector público que han exigido la eliminación de la tasa, que afecta también a los ayuntamientos. Compromís asegura que es momento de poner fin a las políticas de austeridad que perjudican la calidad de la Administración.
