La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi ha solicitado a la Conselleria de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible una moratoria de 2 a 3 años o incluso la derogación de la disposición transitoria de la Ley del Taxi de la Comunitat Valenciana «ante la inviabilidad de poder encontrar personas interesadas en invertir en plena pandemia en un sector duramente castigado», explicó ayer el colectivo.

«El 11 de julio de 2021 finaliza el plazo para tener que malvender nuestras licencias o perderlas, ya que ahora nadie se plantea invertir en un mercado que siempre ha sido una salida para muchos ciudadanos que se quedaban sin trabajo, pero que ahora vive momentos de pérdidas ilimitadas y, por el momento, sin esperanza de un futuro mejor a corto plazo», dijo ayer la presidenta de la Plataforma, Isabel Segura.

Las restricciones de movilidad para contener el virus, «lógicas y necesarias», apuntan, así como el teletrabajo, el cierre de la hostelería y ocio nocturno, o las limitaciones a la llegada de turistas a la Comunitat Valenciana «han provocado que no haya demanda de servicio de taxi».

No cubren gastos

«Durante más de un año, los taxistas están llevando a casa diariamente recaudaciones que no llegan ni siquiera a cubrir gastos, pero siguen al pie del cañón, muchos de ellos tirando de ahorros o de nuevos préstamos, para garantizar el servicio público que la sociedad necesita, con la esperanza de que la inmunidad de rebaño llegue pronto gracias a la actual campaña de vacunación», explican en su comunicado.

Ante esta situación de excepcionalidad, la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi se une a las peticiones de la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Valencia y de la Asociación Empresarial de Auto Taxis de la Comunitat para que la Generalitat impulse «pronto» la modificación los plazos actuales para vender las licencias o, incluso, que deroguen la aplicación de esta medida.