Joan de Alcázar es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de València, pero también miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) desde hace más de una década. A sus 66 años, siempre ha sido tenido claro que su vida ha de ser vivida dignamente. Y «también he de morir dignamente».
Por eso, entregó hace diez años al sistema sanitario valenciano sus voluntades anticipadas (también llamadas testamento vital), un documento donde la persona plasma la asistencia sanitaria y los tratamientos que desea o no recibir en caso de no poder manifestarlo de forma consciente en el momento final de su vida, además de decidir el destino de sus órganos e indicar quién actuará como interlocutor ante el equipo sanitario que decidirá sobre los tratamientos en los últimos momentos. «Entregué mi voluntad anticipada porque no quería dejar de ser digno al final de mi vida sin poder evitarlo, sería una contradicción con mi espíritu vital», relata de Alcázar en el día en el que se cumplen cinco años en los que se debatió entre la vida y la muerte (ayer).
Solo el 0,52 % de la población
En la Comunitat Valenciana, un total de 26.670 personas (en su mayoría mujeres) tienen inscritas sus voluntades anticipadas en el registro autonómico. Estas cifras revelan que solo el 0,52 % de toda la población valenciana tramita el testamento vital. Concretamente el año pasado, se inscribieron 1.328 personas en el registro. Aunque la mayoría acudió a los Servicios de Atención al Paciente de los hospitales o a las direcciones territoriales por provincias, 380 personas hicieron el trámite en una oficina notarial. Ahora, la conselleria se ha propuesto que estas gestiones también se puedan registrar telemáticamente y prevén que sea así después del verano. «Es necesario humanizar al máximo el sistema público de salud y respetar los deseos de cada paciente», ha dicho la consellera de Sanidad, Ana Barceló.
Así lo piensa Joan de Alcázar, que se interesó por el testamento vital al leer un artículo en prensa hace más de diez años. Llamó a la asociación DMD, se hizo socio y entregó al registro de la Comunitat Valenciana su propia firma. «Los avances tecnológicos permiten que se alargue la vida, la medicina está para curarnos, pero, en mi opinión, cuando el combate está perdido yo no quiero que mi vida se alargue de forma artificial, pues cuando la vida deja de ser vivida, no vale la pena continuar», sentencia el catedrático.
Lo hizo a modo de prevención, como quien contrata un seguro para su vivienda. «Por si algún día pasa algo, nunca se sabe». Y pasó. Hace cinco años, Joan de Alcázar se sometió a una operación quirúrgica que se complicó. «Me hicieron cuatro intervenciones en seis meses, las tres primeras en quince días», recuerda. En ese momento, explica que haber entregado la voluntad anticipada le supuso «una tranquilidad extraordinaria».
De Alcázar tuvo durante esos días en la UCI tres sensaciones: «Que me estaba muriendo, que era dependiente de las personas de mi alrededor y que si tenía que continuar mi vida de esa manera no quería que la medicina me mantuviera con vida artificialmente». Admite que le «consolaba tener documento presentado, pues tenía la garantía de que mi voluntad se respetaría y la tranquilidad de que no viviré una vida que no considero digna».
Defiende el derecho a vivir (y a morir) dignamente y a ser «dueño hasta el final de tu propia vida» al tiempo que celebra la nueva ley de la eutanasia, aunque que la considera «restrictiva» y aboga por «la ampliación de auto capacidad de decisión de las personas».
«Hace falta información»
De Alcázar piensa que la sociedad no tramita el testamento vital por desconocimiento y por tabú a la muerte. Por eso, cree que es «imprescindible» que los «poderes públicos hagan campañas informativas» para que la población conozca este recurso que «expresa tus voluntades por si en algún momento tú no puedes manifestarlas». Y lanza una pregunta al aire: «¿mientras hay vida hay esperanza?», para él, si no hay vida digna, la respuesta es negativa.
