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Los estudiantes critican que la nueva ley solo castigue a los universitarios

Reclaman que el anteproyecto de convivencia afecte a toda la comunidad, incluidos los docentes

Universitarios en el campus de Tarongers. | M.A.MONTESINOS

Los estudiantes han mostrado su rechazo a la nueva ley de convivencia de las universidades que sanciona novatadas y plagios al considerar que solo se les sanciona a ellos y exime al resto de la comunidad universitaria, aunque reconocen que sí diseña un marco de convivencia.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley de Convivencia Universitaria y, con ella, puso fin a la norma preconstitucional de 1954 que rige desde entonces: el reglamento de disciplina académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y Enseñanza Técnica.

La nueva ley, que solo afecta a las universidades públicas y no se aplicará a los profesores, establece diferentes tipos de faltas: muy graves, graves y leves. De igual modo, se estipulan diversas sanciones en función de la gravedad de la infracción. Ante las faltas muy graves, se puede proceder a una «expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad». También es posible la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso académico. Las faltas graves conllevarían una expulsión de hasta un mes, sanción que no se podría aplicar durante los periodos de evaluación o matriculación.

Cuando se trate de las sanciones por una falta grave o leve, el órgano sancionador podrá proponer una medida sustitutiva de tipo educativo o recuperador.

A pesar de que esta ley supone un avance respecto a la legislación anterior, el alumnado universitario no está conforme con su ámbito de actuación pues, como indica el borrador de dicha ley, «se aplica al estudiantado de las universidades públicas del sistema universitario español». Esto significa que el régimen sancionador y regulador solo afecta a los estudiantes.

Andrea Paricio, presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) y vicepresidenta tercera del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants (CIVE), denuncia que «el ministerio ha sacado un documento para sancionar únicamente a los estudiantes en plena época de exámenes».

Paricio indica que las dos grandes peticiones que realizaron desde la Creup han sido ignoradas. En primer lugar, que esta ley afecte a toda la comunidad universitaria. En segundo lugar, que el organismo sancionador que regula el procedimiento disciplinario, a diferencia de lo que estipula esta ley, sea independiente del rectorado. En su lugar, proponen que la institución encargada de ello sea el Defensor Universitario, cuya figura está elegida a través de votación en el claustro universitario.

«No nos han tenido en cuenta»

Pablo Albalate, viceportavoz del Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I (UJI), afirma que hay aspectos positivos en la implementación de la ley que celebran desde los colectivos estudiantiles, como todos aquellos que defenden el respeto, la integridad y la lucha contra la violencia de género, entre otros. No obstante, detalla que «no se ha tenido en cuenta la voz de los alumnos» y manifiesta que la convivencia académica «debería tener en cuenta a todos los colectivos».

Por su parte, los rectores de las distintas universidades celebran la aprobación del anteproyecto y destacan el papel central que ocupará la mediación en los conflictos interpersonales. Desde la Conselleria de Universidades, indican que esta nueva normativa sustituye a una legislación anticuada y aporta un nuevo marco para la convivencia y el ejercicio de libertades.

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