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Más presión sobre el Gobierno para acelerar la nueva financiación

La comisión con los partidos del Botànic, Cs, la patronal y sindicatos anuncia una protesta en el Congreso y pide una reunión con Montero

María Jesús Montero, al entrar ayer en la sala de prensa tras el consejo de ministros. | EUROPA PRESS

Un día después de manifestarse por el trasvase Tajo-Segura ante el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid (allí estuvo la consellera Mireia Mollà), los tres partidos del Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Unides Podem) apoyaban ayer elevar la presión sobre la Moncloa en el frente de la financiación autonómica.

No lo hacen solos, sino en el marco de la plataforma en la que está también Ciudadanos (no así el PP), la patronal CEV y los sindicatos UGT y CC OO. Es la Comissió per un Finançament Just que organizó la manifestación en València en noviembre de 2017.

La línea reivindicativa supone subrayar la propuesta aprobada en abril pasado en el Congreso de los Diputados. Esta salió adelante solo con los votos en contra de Vox y la abstención del PP. Esta proposición no de ley presentada por Compromís y pactada con PSOE y Unidas Podemos insta al Gobierno a presentar una propuesta de nuevo modelo de financiación antes de que acabe el año.

Concentración el 15 de junio

Y eso es lo que insiste en reclamar ahora la plataforma valenciana: pedir una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el día 15 de junio, día en el que tiene previsto realizar una concentración simbólica en la puerta del Congreso con los diputados valencianos. Quiere visibilizar así la «urgencia de iniciar las negociaciones para el cambio del modelo de financiación antes de que finalice el año».

Más presión, por tanto, sobre Montero, que la semana pasada estuvo en València por el congreso estatal de UGT y evitó fechas concretas sobre el nuevo modelo, aunque sí señaló que se han iniciado trabajos técnicos.

La posición de la comisión genera complicaciones especiales sobre todo para el PSPV, que está al frente del Gobierno de España. En este sentido, algún otro partido proponía ayer incluir la exigencia de los fondos europeos para paliar la infrafinanciación valenciana, pero finalmente se optó por no mezclar líneas que operan con criterios diferentes.

La plataforma, que tiene la presión por su parte del PP, que la acusa de no ser tan exigente como lo fue con Mariano Rajoy, insistió ayer en la «injusta» situación económica del territorio valenciano, «agravada ahora más por la reciente crisis» de la covid-19.

Precisamente, la comisión explica que el acto en Madrid no será multitudinario por seguridad sanitaria. Solo una personalidad representativa de la sociedad civil valenciana leerá el manifiesto Por una financiación justa a las puertas del Congreso. Los nombres que se barajan son los de la oncóloga Anna Lluch; la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, y el director del cIVIE, Francisco Pérez.

La Generalitat rechaza la posición del Ministerio de Hacienda y defiende que el criterio para el reparto mayoritario del fondo covid tiene que ser el de población ajustada. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, explicó ayer su rechazo al criterio de reparto basado en el PIB «porque supondría reforzar todavía más la divergencia en renta per cápita entre territorios y favorecería las desigualdades»

Soler propone un tramo de 7.000 millones para reforzar el estado de bienestar; otro de 3.486 millones para atender gastos derivados de la covid y uno final de 3.000 millones para compensar la infrafinanciación.

Esa es la propuesta de la Generalitat para proceder al reparto de los fondos extraordinarios para las comunidades autónomas para el año 2021, el conocido como Fondo Covid, dotado con 13.486 millones de euros.

Soler sostiene que la propuesta de población ajustada, pese a ser mejorable, representa una mejor aproximación a las necesidades de gasto de los territorios» por lo que podría ser la utilizada de forma mayoritaria en la distribución del fondo.

El conseller añade que a día de hoy la Comunitat Valenciana considera que el indicador de necesidades de gasto más idóneo es el de la población total, dado que no existen evidencias concluyentes de diferenciación de costes de provisión para el conjunto de los servicios públicos autonómicos.

Y recuerda que los expertos ya consideraron aconsejable introducir variables nuevas a la fórmula de población ajustada.

Soler defiende un criterio para el fondo covid diferente al del Ejecutivo

Plantea que se use la población ajustada frente a la fórmula del PIB que defiende el ministerio

Carlos Alós. València

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