Las víctimas del franquismo critican que la ley de Concordia borre sus derechos

La ONU no estaba citada para comparecer este viernes en las Corts, sin embargo, su informe sobre la ley de Concordia apareció justo unas horas antes de la sesión de participación ciudadana de la proposición planteada por PP y Vox. El texto se convirtió en uno de los argumentos más citados por parte de quienes reclamaron frenar el proyecto legislativo porque "vulnera los derechos humanos", especialmente las asociaciones que representan a las víctimas del franquismo, mientras quienes defienden el redactado propuesto por los socios del Consell esquivaron el asunto y centraron sus intervenciones en que se atenderán a "todas las víctimas" y criticaron el "sectarismo" de las actuales leyes de memoria democrática.

El debate estuvo marcado por la tensión, pero sin los choques vistos en el pleno. Al fin y al cabo, quienes acudían a hablar no lo hacían en representación de un partido político (a pesar de que alguno tenía vinculación con las formaciones presentes en la sala), sino en calidad de expertos, aunque el sentido de sus discursos estaba predeterminado por el grupo por el que fueran propuestos. Así, quienes fueron llamados por PP y Vox, seis en total, acabaron señalando la necesidad de la nueva ley de Concordia y quienes fueron propuestos por PSPV y Compromís hicieron justo lo contrario.

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Para estos últimos, el informe de la ONU se convirtió en un ariete con el que cargar contra la norma. "El informe de la ONU pide frenar la ley de la Concordia porque atenta contra los derechos humanos, devuelve a las víctimas del franquismo al cajón del olvido", expresó Ángel González, presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática. "Es de vergüenza que la ONU nos tenga que dejar en evidencia ante el mundo", agregó Matías Alonso, del Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica. "Es difícil de explicar que pongamos de ejemplo al alumnado los derechos humanos y la ONU y que luego se legisle contra de ellos", indicó Luis Vivas, profesor de Historia de Secundaria.

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A ellas se añadieron las faltas de mención en la ley respecto las que tiene en marcha la actual normativa donde solo se citan las exhumaciones ya en marcha. En este sentido, Francisco Alarcón, de la Asociación de Víctimas de Bebés Robados, apuntó a la búsqueda de niños robados durante la dictadura; la periodista María Palau a las mujeres víctimas de la dictadura que fueron recluidas en el Patronato de Protección de la Mujer e Isabel Gómez, de la Plataforma de Fosas Familiares de Paterna, a la recuperación e identificación de víctimas de las fosas.

"Hablan de las intenciones que tenemos con la ley, pero en la ley no se exponen intenciones, sino que se basan en sus prejuicios", les replicó David Muñoz, síndic adjunto de Vox. "Si no está escrito, no sabemos a qué tenemos derecho; si todo va a seguir igual, no costaba nada incluirla en la ley", contraargumentó por su parte Gómez que se preguntó por qué no se ampliaba la norma actual de Memoria democrática y por qué se quitaba todo el articulado. "Si consideran que es necesario, la ampliamos, ¿pero por qué no dejar la que está en marcha?", se preguntó. La cuestión se la replicaron, no directamente, los comparecientes propuestos por PP y Vox.

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Entre ellos, el exportavoz de la formación de ultraderecha en el Congreso, José Contreras, quien consideró las leyes actuales de memoria como "sectarias y muy sesgadas", en la línea de la representante de Abogados Cristianos, Ana Antón, quien las calificó de "memoria selectiva" y defendió que se mantengan las cruces levantadas en la época franquista porque "no es una expresión de la ideología de la época" sino "una victoria sobre la muerte" mientras que Carlos Alberto Casañ, hermano de José Edmundo Casañ, asesinado por ETA, reivindicó que "las víctimas son víctimas, no son ni de primera ni de segunda" y por ello mostró su apoyo a que la ley las incluya.

Y aunque el informe de la ONU fue utilizado especialmente por quienes estaban en contra, también los comparecientes que defendieron la ley de Concordia citaron a las Naciones Unidas. "Dice Naciones Unidades que las leyes de memoria histórica pretenden cristalizar la historia por lo que les pido que dejen de cristalizar y congelar la historia, ni amnesia ni resentimiento", expresó el representante de la fundación católica Neos, José Landete, mientras que Tamar Shuali Trachtenberg, directora del Instituto Europeo de Educación para la cultura democrática de la Universidad Católica de Valencia, cuestionó "manifestaciones de este tipo", en relación al texto, si la firman países como Arabia Saudí.

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