Cuando Lucía (nombre ficticio) explotó y le contó a sus padres los seis meses de acoso que estaba sufriendo dentro y fuera del colegio, la familia tuvo claro que tenía que actuar de inmediato. Así, acompañaron a la cría a interponer la correspondiente denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y avisaron al colegio y a la inspección educativa. La resolución judicial ha acabado en un archivo de la causa al considerar el fiscal que el acoso sufrido no «se había repetido en el tiempo», tal como publicó ayer Levante-EMV.
La familia, sin embargo, explica ahora que la inspección educativa «miró hacia otro lado y tampoco hizo su trabajo» por lo que la familia decidió poner en conocimiento de la Conselleria de Educación , Cultura y Deporte lo que había ocurrido «para que adopten las medidas pertinentes y trasladen la denuncia a la Fiscalía».
Y es que, según consta en el escrito presentado en la conselleria, el 29 de abril se puso una denuncia en la inspección educativa con la policial, adjunta al documento. «Transcurridos casi un mes, a la espera de que el inspector de zona que se nos asignó practicara unas mínimas diligencias de investigación, con mayúscula sorpresa recibimos una llamada telefónica de aquel en la que se nos ‘ofrece’, a modo de transacción, un aprobado para nuestra hija a cambio de que desistamos de nuestra denuncia. Y en lugar de manifestar su intención de practicar las diligencias a que viene obligado, nos insinúa que lo más sencillo sería cambiar a la menor de centro», explica la madre, Laura Guitiérrez, en la denuncia presentada.
Y añade: «La firmante prefiere abstenerse de valorar y calificar la conducta del inspector, quien teniendo que investigar unos graves acosos, de contenido psicológico a una menor, pretende no investigar los hechos a cambio de aprobados, y que sean los padres los que asuman, ante la desidia del inspector, la carga de cambiar a la menor de centro. Puestos a frivolizar, ¿por qué no se trasladar a los acosadores en lugar de a la víctima, o por qué no traslada al inspector y que le sustituya un funcionario dispuesto a hacer su trabajo?».
Solicitud de un informe
La familia, sin embargo, tenía claro que Lucía debía cambiar de centro educativo. «En el colegio lo han hecho fatal y no vamos a permitir más sufrimiento a nuestra hija. Nos han recomendado otro colegio donde están más formados en temas de acoso, pero es injusto que sea ella la que debe cambiar de centro y no haya consecuencia alguna para los acosadores. Tenemos 54 correos que acreditan que el colegio estaba al tanto de todo», explican los padres de la niña.
La Inspección General Educativa aseguró que tiene constancia del escrito y ha pedido un informe sobre el caso, para comprobar cada aspecto a los que se refiere el escrito de denuncia que hizo la familia, según contestó ayer tras ser preguntada por este diario.
