La Guardia Civil, en el marco de la Operación NUS, ha investigado a una persona física y otra jurídica por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil en Madrid. El Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE)junto con el Equipo de Policía Judicial de Orpesa de la Comandancia de la Guardia Civil de Castelló inició en enero una investigación a raíz de una denuncia presentada por la registradora de la propiedad de una localidad de Castelló.
En esta, manifestaba que a finales del año 2018 trataron de inscribir en su oficina de registro una escritura de compraventa y una escritura de préstamo hipotecario sobre una finca ubicada en la provincia pero no se practicaron al no acreditar el pago de los impuestos correspondientes. Posteriormente presentaron una segunda copia del documento, calificada negativamente por la misma Registradora y se le notificó a la gestoría que hizo el trámite.
La citada gestoría al conocer lo expuesto, comenzó los contactos con el Registro de la Propiedad, aportándole la documentación obrante en el expediente, percatándose la denunciante de la falsedad de la nota y de dos facturas a nombres de registradores residentes en Málaga y Madrid, a los que se tomó declaración como perjudicados de los hechos.
Las alarmas saltaron cuando los agentes investigadores comprobaron la posible falsificación de los modelos 600 vinculados a los pagos de los impuestos, tanto de la compraventa como los de la hipoteca.
A lo largo de la investigación, la Guardia Civil de Castellón ha realizado actuaciones y requerimientos judiciales en Madrid y Barcelona y ha analizado más de cincuenta cuentas bancarias, pudiendo identificar a la presunta autora de los hechos, una mujer que trabajaba en una gestoría en la provincia de Madrid.
Esta persona se valió de su experiencia laboral y su posición como encargada de la tramitación de los expedientes vinculados a una de las empresas de servicios para entidades financieras más importantes de España (donde estuvo 5 años) para realizar la falsificación de documentos registrales y facturas.
Con esto, se intentaba dar una apariencia de legalidad a las operaciones y así poder justificarlas de esa manera ante los departamentos de control y la propia entidad bancaria, obteniendo un beneficio económico del impago de los impuestos de dichas operativas que ha podido ascender a más de 110.000 euros.
