El sistema público de residencias arrancó en 1986 con el PSPV al frente, la transferencia de cinco centros y la construcción de 31 residencias para la tercera edad en la Comunitat Valenciana. Con el PP, en el año 2000, llegó el modelo Blasco (luego denominado Cotino) que supuso la puesta en marcha de un plan de 9.000 nuevas plazas con la entrada en el negocio de empresas constructoras que levantaban los centros y los gestionaban por 15 años (prorrogables a 25) con contratos hechos a medida por parte de la Adminsitración. En el 2016, el TSJ declaró ilegal un tercio de las plazas de este modelo y en 2019 el Tribunal Supremo ratificó esta sentencia.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, defendía en la oposición (y defiende en el Gobierno) la reversión del sistema a lo público, aunque la realidad es que no lo ha hecho y que el 80% del sistema depende del sector privado. Conforme finalizan los contratos o la Administración saca nuevas plazas, la conselleria mejora los pliegos de condiciones para que primen las condiciones sociales a las económicas, en aras de caminar hacia un modelo diferente donde las residencias se asemejen a hogares, existan mejores servicios para los usuarios y se encuentren próximos a sus familias.
Sin embargo, el modelo Blasco-Cotino ya llega a su fin. Los contratos de las plazas adjudicadas han vencido ya o están próximas a hacerlo, por lo que la Conselleria de Igualdad está trabajando «en la licitación de un nuevo contrato que supondrá la puesta a disposición de 7.100 plazas residenciales para personas mayores y que pondrá fin al modelo Blasco-Cotino, sustituyéndolo por uno en el que primará la calidad por encima de negocio», anunció ayer.
Se trata de las 5.075 plazas con contrato vencido o próximo a finalizar, las 406 que vencerán a lo largo de 2022, las 80 que lo harán en 2023 y la licitación de 1.539 nuevas plazas.
Un único expediente
Oltra explica que este contrato «tiene la finalidad de unificar en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas», y que se incorporan al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como plazas que son sostenidas con fondos públicos.
La vicepresidenta añade que el contrato que preparan «supone la liquidación del modelo Blasco-Cotino de accesibilidad social, con todo lo que ello implica, ya que además de regular administrativamente una situación heredada supone la implantación plena de un nuevo modelo», tras recordar que en la pasada legislatura ya se dieron pasos eliminando trabas que reducían la contratación «a unas pocas firmas afines al antiguo gobierno», con la introducción de condiciones antimonopolio «para que las empresas pudieran concurrir a las contrataciones en igualdad de condiciones».
