Las diferentes ofertas de empleo público que la Generalitat ha puesto en marcha en los últimos años han generado ya más de un millar de alegaciones y recursos planteados por los miles de aspirantes a una plaza pública en la Administración del Consell. En concreto, según fuentes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo, los diferentes órganos técnicos de selección que velan por el correcto desarrollo de las oposiciones han recibido hasta ahora más de 800 alegaciones donde se cuestiona algún aspecto de las pruebas. Además, los recursos administrativos contra las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019 ascienden ya a 253, una cifra que, si se suma a las alegaciones, supera el millar de discrepancias que la Generalitat debe resolver. La cifra es importante, si bien hay que tener en cuenta que estos procesos selectivos mueven a miles de personas que aspiran a ocupar una plaza pública tras años de sequía de oposiciones. Eso sí, da la medida de toda la ‘cocina’ que hay detrás de las ofertas de empleo público y cómo estos procesos son también objeto de conflictividad.
La mayoría de las alegaciones de las que la conselleria tiene constancia tienen que ver con desacuerdos en torno a la redacción de las preguntas o sobre las respuestas ofrecidas en los ejercicios tipo test. De hecho, el grueso de las alegaciones se concentran en los primeros ejercicios, mientras que apenas una veintena está referida a los segundos exámenes. Aunque la mayoría de estas alegaciones se resuelven sin afectar al proceso de las oposiciones, suponen un importante volumen de trabajo para las personas que integran los órganos de selección, es decir, los tribunales formados en gran medida por personal funcionario.
Con todo, en ocasiones, los aspirantes no se conforman con la decisión de estos órganos y presentan recurso de alzada ante la conselleria. La conselleria de Justicia, que impulsa las opes de toda la Generalitat, excepto las relativas al personal docente y sanitario, tiene contabilizado ya un total de 254 recursos administrativos generados por las opes de los últimos años. Es la propia conselleria la que debe resolverlos.
Según la información facilitada a este diario por la conselleria, las diferentes convocatorias de la oferta de empleo público relativas al ejercicio de 2018 son las que más conflictividad han generado. Así han generado un total de 243 recursos administrativos. Por su parte, el proceso selectivo relativo a 2017 solamente dio lugar a un recurso, mientras que, hasta la fecha del recuento, no se tenía constancia de ninguna queja de estas características en las convocatorias de la ope de 2019. Cabe apuntar que hay convocatorias que no generan discrepancias, mientras que otras acumulan numerosos recursos.
Lo mismo ocurre con la montaña de alegaciones que los órganos de selección tienen que afrontar. Existen convocatorias de plazas que generan numerosas quejas. Así, por ejemplo, la convocatoria para plazas de C1 para agentes medioambientales dio pie a 74 alegaciones, mientras que tampoco fueron pacíficas las convocatorias para reforzar la plantilla en trabajo social e inspección de medio ambiente, convocatorias que superaron el medio centenar de alegaciones. Las plazas para evaluación del medio ambiente, las de superior técnico de medicina, así como para administración de medio ambiente tampoco han sido pacíficas y ha habido alegaciones por el desarrollo de los procesos selectivos.
Cuando la discrepancia perdura, el proceso puede acabar en un recurso ante los tribunales y la conflictividad tarda más en resolverse. Así, los colegios profesionales han acabado históricamente planteando recursos contencioso administrativos. Desde 2015 a la actualidad, se ha presentado un total de nueve recursos correspondientes a los colegios de ingenieros de obras públicas, industriales, bibliotecarios, ingenieros técnicos agrícolas, fisioterapeutas y geógrafos. Las causas son variadas y tienen que ver muchas veces con cuestiones de titulación exigida o los temarios. Los recursos más recientes son dos: el del colegio oficial de delineantes y diseñadores técnicos de València presentó un recurso contencioso-dministrativo contra la orden de la conselleria por la que se convocan las pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior de ingeniería técnica industrial (la convocatoria 140/18). El colegio argumenta que la orden, al exigir como requisito el título de bachiller o ciclo formativo en grado medio de formación profesional en lugar del grado superior infringe normativas europeas. El recurso de alzada fue desestimado por la conselleria, por lo que el asunto está en los tribunales.
Por su parte, el colegio de ingenieros industriales mantiene un recurso contencioso-administrativo contra la lista provisional de personas admitidas a la convocatoria 49/18 para el cuerpo superior de ingeniería.
