La comunidad educativa y los profesionales sanitarios han recibido en pie de guerra el cambio legislativo que plantea el Consell para blindar que los docentes administren la medicación al alumnado que así lo tenga prescrito por su médico. El mundo educativo considera que se trata de una responsabilidad que no debería recaer en los docentes; mientras que la Enfermería lo ve como una intrusión laboral que aleja aún más la posibilidad de que algún día se implante la figura del enfermero o enfermera escolar en los centros educativos.
Como publicó ayer Levante-EMV, el borrador de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2022 incluye un artículo que modifica la Ley de Salud de 2014 para dar cobertura legal a que los escolares enfermos reciban medicación en el centro escolar siguiendo las indicaciones de los centros de Atención Primaria de referencia.
Esto cubre el vacío que queda después de que la Justicia tumbara este verano una resolución conjunta de las conselleries de Sanidad y de Educación de 2018 que indicaba que los equipos directivos y el personal de los centros se coordinarían para suministrar el tratamiento a alumnado crónico o con alguna urgencia médica y que causó un gran revuelo en su aprobación.
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) —que presentó el recurso contencioso-administrativo—, anunció ayer que mandará un escrito a Sanidad y Educación, «con el fin de que recapaciten y rectifiquen su propuesta», que está en fase de exposición pública.
De no ser así, anuncian que recurrirán la medida «legalmente en todas las instancias judiciales» hasta que estas tareas «pasen a ser competencia de las enfermeras escolares». Desde el Cecova recuerdan que la legislación que «impone a los docentes dar fármacos siempre ha sido rechazada» tanto por el profesorado como por los sanitarios. Juan José Tirado, presidente de Cecova, asegura que la actual redacción del texto se ha hecho «sin ningún tipo de lógica ni criterio sanitario» y es «un verdadero despropósito».
Misma indignación mostraban ayer desde la Federación de ampa Gonzalo Anaya. Su presidente, Rubén Pacheco, cree que la enfermera escolar es «innegociable» y «absolutamente incomprensible y de vergüenza» que no esté ya en los centros valencianos, a diferencia de otros países y autonomías.
«No deberíamos ni reclamarlo. En ningún otro ámbito a nadie se le ocurre que una persona ajena al sistema sanitario administre medicamentos, ¿por qué sí en los colegios, que son instituciones públicas?», se pregunta. «Esperamos una corrección y que el enfermero o enfermera se implante en un periodo de tiempo razonable», añade Pacheco. «No es más que un parche para retrasar más la necesidad de esta figura y todo se reduce a una cuestión económica», expone el representante de las ampa, que cree que la nueva norma agravaría la situación.
Por su parte, los sindicatos docentes tampoco están contentos. Stepv —que en 2018 también denunció la resolución, pero no prosperó como la del Cecova—, critican que se «descargue» en el profesorado la administración de medicamentos, ya que es una «gran y delicada responsabilidad» que «no compete a los docentes».
«La solución es que se encargue el personal sanitario de atender al alumnado con estas necesidades, con enfermera escolar o que el centro de salud envíe a gente». «Si pasa algo con un alumno, ya te marca para toda la vida», reconocen, por lo que también esperan que «se cambie y se concrete».
Cada vez más exigencias
Desde los centros, la Associació de directives d’Infantil i Primària (Adip-PV) coincide en que la de responsabilizarse de la medicación es una cuestión que «asusta y preocupa» y sienten que cada vez están más cargados de tareas y exigencias ajenas a la docencia.
«No estamos contentos con esta decisión y esperamos que la normativa al final no se publique, porque una de las grandes demandas de las direcciones de los colegios es que haya personal sanitario en los centros», reiteran como sí hay en Educación Especial.
Por su parte, el sindicato CSIF considera «inaceptable» que se haga responsable a los docentes de esta tarea y lo califica como un «atentado» a la dignidad profesional del colectivo docente. Como las ampa, José Seco, presidente de CSIF Educación CV, cree que se trata de un «parche» y que «no es competencia de un docente» tratar la salud del alumnado. Además, los sindicatos también afean que la cuestión no se hubiera tratado antes en la Mesa Sectorial de Educación.
