La Inspección General de Servicios recomienda a la Conselleria de Educación que «valore la conveniencia» de revisar el actual sistema de homologación de los estudios de enseñanza reglada con la certificación del nivel de valenciano. En concreto, pide que se reconozca un nivel superior de valenciano (al menos el B2) a quienes finalicen el Bachillerato o una FP de grado superior.
En la actualidad, este alumnado obtiene el B1 de valenciano, que se traduce en un nivel intermedio bajo. La demanda forma parte de un informe elaborado recientemente por este órgano de control interno adscrito a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
La inspección parte del contexto actual valenciano donde, apunta, «se ha establecido un nivel de certificación de mínimos», es decir, el B1, que equivale a tres o cuatro años de estudio de una lengua. Así, a diferencia otras comunidades con lengua cooficial como Cataluña y Baleares —en las que se obtiene una certificación superior—, en la C. Valenciana se concede el mismo certificado en Bachillerato que en la ESO, cuando en el primer caso los estudios se han alargado dos años más.
El órgano aprecia que este sistema no valora «la suma de conocimiento» de muchos alumnos y alumnas que estudian la lengua propia desde Primaria y se examinan en la selectividad, lo que serían 12 años.
De hecho, es frecuente, recuerda el órgano, que al acabar la enseñanza reglada se presenten a los exámenes del B2, incluso a los de C1, de la Junta Qualificadora (JQCV) al considerar que tienen nivel para superar las pruebas con éxito. El actual sistema, además, «obvia la labor realizada por el cuerpo de docentes» ya que hay que examinarse otra vez para demostrar el nivel de valenciano, añade el órgano de control.
El informe coincide con la entrada en vigor de la nueva ley de Función Pública impulsada por el departamento de Gabriela Bravo que recoge por primera vez el requisito lingüístico para acceder a una plaza de empleo público.
La propia inspección apela a esta ley al señalar que contar con una certificación concreta de valenciano «puede tener un impacto directo a lo largo de la vida laboral, especialmente en el empleo público». En la actualidad, la JQCV se enfrenta a una avalancha de miles de aspirantes que buscan certificar sus conocimientos, entre ellos muchos jóvenes recién salidos del Bachillerato, por lo que esto también podría reducir el volumen de candidatos.
Camino hecho
En realidad, parte del camino ya está hecho. La ley de plurilingüismo de 2018 que este curso llega a los institutos sí contempla que al acabar las enseñanzas postobligatorias no universitarias, el alumnado obtendrá, como mínimo, el nivel de valenciano y castellano equivalente al B2 y el A2 de la primera lengua extranjera.
Sin embargo, según confirman fuentes de la conselleria que dirige Vicent Marzà, estas certificaciones no se habilitarán hasta finales del próximo curso, en junio de 2023, cuando se gradúe la primera promoción de Bachillerato y FP plurilingüe.
Educación, tal como recoge también el informe de la Inspección, ya trabaja en un decreto de reconocimiento de certificaciones de idiomas, según las horas cursadas durante la ESO, Bachillerato o FP.
