Las cuentas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la Comunitat Valenciana vuelven a subir en este ejercicio, para pasar de los 32,9 millones de 2021 a los 40,5 millones de euros para 2022. El grueso de las previsiones se va para actuaciones en la costa, con 5,3 millones. Especialmente para el control de la regresión, que afecta a más del 60 % de una franja que se extiende a lo largo de 470 kilómetros. Las inversiones comprenden desde protección y recuperación de sistemas litorales, así como dotaciones para el acceso y uso público en las tres provincias. Para el Plan Crece de restauración de tramos fluviales, saneamiento y seguimiento del estado de masas de agua, el departamento de Teresa Ribera destina 3,3 millones. En cuanto a las obras que ha de llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar, se prevé 9,7 millones para la adecuación de cauces, regeneración de enclaves naturales y obras de emergencia para la reparación de infraestructuras. El presupuesto del organismo de cuenca, mientras, contempla 1,5 millones para invesiones reales en el capítulo de reposición de distintos servicios. Por su parte, Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) recoge unas cuentas para 2022 de 27,1 millones con la mayoría de los fondos para la provincia de València (17). Algunos de los proyectos se iniciaron hace más de una década. Entre ellos el nuevo colector Oeste de l’Albufera (8 milloness) o la mejora del drenaje de la cuenca de la rambla Gallinera. Mientras, la terminación de la reutilización de aguas residuales de Pinedo se queda sin asignación.

El Gobierno recoge en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE), presentados este miércoles, medidas de apoyo destinadas a Entidades Locales que tengan problemas financieros y hayan incumplido el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) en diciembre de 2020 o marzo o junio de 2021.

En concreto, estas medidas se basan en un mecanismo de pago a proveedores adaptado a las actuales circunstancias de cada entidad local, con el objetivo de cancelar la deuda comercial anterior al 1 de julio de 2021, tal y como se desgrana en el proyecto de los PGE presentado ayer miércoles por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. «Es obligatoria para las entidades locales incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado cuyo periodo medio de Pago a Proveedores exceda de 30 días en alguno de los periodos antes citados», recoge el texto.

Según explica la ministra Montero este mecanismo de pago a proveedores afectará a 1.670 entidades locales, mayoritariamente ayuntamientos y también alguna diputación, y se estima que 2.000 millones de euros se podrán a disposición de las entidades para «financiar la dificultad que tienen para cumplir algo estrictamente obligatorio» como es el cumplimiento del PMP.

Eso sí, este mecanismo requiere, en todo caso, la aceptación de los proveedores para percibir el importe de sus derechos de cobro por este sistema, que se limitarán al principal de la deuda, ya que aquella aceptación implicará «la renuncia a la percepción y exigencia de intereses de demora, costas y conceptos accesorios», indica.